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La senadora panista Beatriz Zavala Peniche presentó un punto de acuerdo para que el Senado de la República se pronuncie por la transparencia, especialmente en periodo electoral, en la operación de los recursos de los programas sociales por las instancias de todos los niveles de gobierno.
Además, exhortó a los gobiernos estatales a suspender la entrega de recursos y la aplicación de programas sociales cuarenta días antes a la jornada electoral, y se pongan candados electorales en materia de desarrollo social, a fin de garantizar comicios transparentes e imparciales.
En la proposición, que se turnó a la Comisión de Desarrollo Social, se exhorta a las comisiones del Senado a dictaminar aquellas iniciativas que tengan por objetivo regular y transparentar el uso y manejo de los programas sociales, así como los destinatarios y beneficiarios de dichos programas.
Destacó que la transparencia en el manejo y operación de los programas sociales así como los recursos públicos destinados para ello, urgen a la implementación de mecanismos y herramientas de control que ponderen su desempeño e impidan su uso para cuestiones distintas, como fines electorales.
En momentos como este, en que se efectuarán elecciones locales y federales, “los senadores --dijo-- debemos atender y observar los lineamientos para garantizar el libre acceso de los beneficiarios a los apoyos para el desarrollo social sin que estos beneficiarios sean cautivos de su propia necesidad al emitir el voto”.
En este sentido, la senadora por Yucatán comentó que a nivel federal se han implementado medidas y candados para proteger los programas sociales y acciones institucionales ante posibles conductas irregulares, especialmente durante estos procesos electorales.
Sedesol, por ejemplo, deja de aplicar dichos programas 40 días antes de las elecciones, no se dejan de dar, aclaró, se reprograma la entrega de los apoyos, y además se suspende la difusión de propaganda gubernamental y se firman declaratorias por la legalidad y transparencia, entre otras medidas.
Es preciso que al igual que existen disposiciones normativas que controlan al gobierno federal al momento de operar los programas en tiempos electorales, los gobiernos de todas las entidades federativas estén sujetos a una regulación similar, impidiendo con esto una aplicación indebida y en ocasiones que afecte la libertad del voto de la población en pobreza, finalizó.
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