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El Senado aprobó reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para que los tres órdenes de gobierno impulsen políticas de protección y restauración de los ecosistemas por medio de la reforestación de bosques, selvas, manglares y zonas de vegetación en el territorio nacional.
De igual forma, el dictamen, avalado por 87 votos a favor, señala que los gobiernos federal, estatal y municipal deberán reforzar el monitoreo y vigilancia para evitar la tala clandestina y sobreexplotación, especialmente en las zonas de recursos maderables.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Alberto Cárdenas Jiménez, señaló que los legisladores autores de la iniciativa sugirieron además difundir la cultura del cuidado ambiental con la participación directa de los municipios que cuentan con bosques o selvas.
Explicó que los principales factores que originan la perdida de los recursos forestales son los incendios, la tala clandestina y erosión, por lo que urge rescatar las zonas forestales deterioradas con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Lo anterior es relevante—añadió--, ya que México cuenta con 138 millones de hectáreas con alguna cubierta forestal, de las cuales un 24 por ciento son de bosque y 22 por ciento de selvas, cuya función es captar agua de lluvia, conservar suelos, capturar bióxido de carbono y regenerar la fertilidad.
El senador panista informó que en producción forestal, Durango ocupa el primer lugar, seguido de Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Veracruz y Chiapas. Esto tiene que ver mucho con la línea que México ha seguido en los últimos años, en donde la tasa de deforestación va a la baja.
Dijo que otro de los objetivos del dictamen, es reforzar la industria forestal, que representa para los propietarios y poseedores de terrenos un medio de desarrollo económico local y regional mediante la generación de empleo, distribución de capital y el incremento de bienes y servicios.
El dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos Primera, fue remitido al Ejecutivo federal.
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