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El Senado de la República pidió al Ejecutivo federal que informe sobre los impactos económicos que se hayan registrado en cada sector productivo del país por la conclusión del acuerdo entre México y China en Materia de Medidas de Remedio Comercial, el pasado 11 de diciembre.
Asimismo, este órgano del Congreso señaló que de resultar procedente se promueva el establecimiento de medidas de salvaguarda necesarias para prevenir o limitar daños irreparables a los sectores de producción nacional y se impongan las tasas arancelarias más altas permitidas por la Organización Mundial de Comercio a la importación de productos de origen chino.
También, el pleno senatorial le solicitó que indique los procedimientos de investigación por prácticas desleales vinculados a esta materia y el estado que guardan, así como las cuotas antidumping que se hayan determinado.
De igual forma, el gobierno federal deberá explicar, a través de la Secretaría de Economía, las acciones que ha implementado para atender las necesidades de competitividad de los sectores productivos involucrados en ese convenio.
En el dictamen aprobado se explica que desde la entrada de China a la OMC en 2001, México negoció con las autoridades de ese país asiático eliminar las cuotas compensatorias a la importación de productos de origen chino en 749 fracciones arancelarias, hasta diciembre de 2011.
Al fijarse una fecha límite para el retiro de las medidas de transición, el gobierno mexicano debió haber fortalecido la industria nacional e implementado políticas públicas tendientes a preparar al sector productivo para afrontar en condiciones más favorables y de una mayor competitividad el nuevo marco comercial.
Por ello, los legisladores consideraron pertinente que el Ejecutivo federal informe sobre los efectos en los sectores productivos involucrados en la conclusión de este acuerdo, así como las acciones que ha realizado para permitir que enfrenten en mejores condiciones de competitividad el ingreso de productos chinos.
Finalmente, manifestaron la necesidad de saber sobre los procesos y acciones legales realizados para defender de las posibles prácticas comerciales desleales a los productores nacionales y del establecimiento de medidas de salvaguarda a la importación de algunos productos chinos que podrían afectar gravemente a determinados sectores productivos de nuestro país.
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