Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-441

  • Llama a indagar posible complicidad de elementos de la policía de tránsito por la colocación de candados inmovilizadores.
  • Según información periodística, los franeleros perciben en promedio 30 mil pesos mensuales, libres de impuestos.

 

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó un exhorto para que el jefe de gobierno de la Ciudad de México realice las acciones necesarias para que la Contraloría General y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), investiguen el cobro ilegal por parte de “franeleros” por el uso de lugares de estacionamiento en la vía pública sujetos al régimen de parquímetros.

 

Además, solicita indagar la posible complicidad, participación u omisión de elementos de la policía de tránsito de la SSP capitalina por la colocación de candados inmovilizadores en zonas en las que se realizan espectáculos públicos masivos.

 

Lo anterior, explica, luego de recorrer las calles de Polanco, en la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, tras haber recibido denuncias ciudadanas sobre el cobro por parte de “franeleros” por el uso de lugares de estacionamiento en la vía pública, sujetos al régimen de parquímetros.

 

Los franeleros, según testimonios, apartan los lugares y cobran entre 100 y 300 pesos por dejar que los automovilistas se estacionen en distintas calles y sin tiempo límite, mientras asisten a un concierto en el Auditorio Nacional; y a pesar de que pagan esa cuota, al finalizar el evento muchos se dan cuenta que a sus automóviles les fue colocado el candado inmovilizador.

 

Toda esta situación, advierte la senadora Mariana Gómez fue transmitida a través de redes sociales, con el propósito de dejar constancia y para que las autoridades pudieran actuar, a fin de evitar este tipo de prácticas. 

 

Al mismo tiempo, resalta que de acuerdo con el periódico “El Financiero”, los franeleros perciben en promedio 30 mil pesos mensuales, lo cual es comparable con lo que reciben profesionistas con posgrado, pero totalmente libres de impuestos.

 

La senadora también expone que la implementación del sistema de parquímetros en diversas delegaciones de la Ciudad de México, bajo el Programa “ecoParq”, genera ingresos adicionales para gobierno de la Ciudad de México. 

 

Los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATRs) otorgados a las empresas operadoras del sistema por el uso de la vía pública como estacionamiento, prevén una contraprestación para el Gobierno de la Ciudad de aproximadamente el 30 por ciento de los ingresos brutos, los cuales deben ser destinados para llevar a cabo obras de mejoramiento en la zona a través de la Autoridad del Espacio Público del gobierno capitalino, abunda.

 

Dicho porcentaje de los recursos generados por el sistema de parquímetros, no se limita a los ingresos derivados del pago que los automovilistas deben hacer por el tiempo que utilicen la vía pública como estacionamiento, sino que incluyen recursos como el servicio de retiro candados inmovilizadores, conocidos popularmente como “arañas”.

 

Ante toda esta situación, la senadora panista informa que de acuerdo al artículo 259 del Código Fiscal del Distrito Federal, la cuota por el estacionamiento de vehículos en la vía pública bajo el esquema de parquímetros es de 2.14 pesos por cada quince minutos.

 

Asimismo, detalla que la fracción II del artículo 33 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal precisa que los elementos de la policía de tránsito podrán colocar candados inmovilizadores a vehículos que se encuentren estacionados en zonas en las que existan sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública, cuando no se haya cubierto la cuota de estacionamiento, o cuando haya concluido el tiempo pagado, entre otras causas. 

 

Además de la multa, la cuota a pagar por el servicio de retiro de candados inmovilizadores, establecida en la fracción III del artículo 230 del Código Fiscal del Distrito Federal, de 215.90 pesos; y si no se paga antes de haber transcurrido dos horas de la inmovilización, el vehículo se remite a un depósito de vehículos, por lo que también se debe pagar la cuota por el arrastre del vehículo al corralón.

 

La propuesta de punto de acuerdo se turnó a la Comisión del Distrito Federal para su análisis y dictaminación.