Número-440
- El objetivo es que consumidores eviten ser defraudados por establecimientos que se mantienen impunes.
- Solicitan que Pemex retire las franquicias a las que han sido reiteradamente sancionadas.
Los senadores Jesús Casillas Romero, Carlos Romero Deschamps y Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del PRI, proponen que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) haga pública la información relacionada con gasolineras que han sido sujetas a sanción por incumplimiento a las normas y despachar litros incompletos, así como los casos de reincidencia.
Esta acción es necesaria, señala el punto de acuerdo publicado en la Gaceta del Senado, porque gran número de gasolineras logran impunidad por medio de recursos legales ante tribunales administrativos, que otorgan la nulidad de las sanciones y con ello favorecen el aumento de casos de reincidencia.
“Ante este proceder, la percepción de impunidad y deshonestidad en el despacho de combustible en gasolineras se ha visto incrementado, y con ello la desconfianza y enojo de los consumidores”, agrega. Los legisladores afirman en el documento que al hacerse pública esta información los ciudadanos podrán decidir conscientemente a qué establecimiento acudir con menor riesgo a ser defraudados.
Plantean que los datos de las gasolineras sujetas a sanción deben difundirse en la Revista del Consumidor, la página electrónica de la Profeco, e incluso a través de los medios de comunicación, para “brindar información veraz y oportuna que reditúe de manera positiva tanto en la vida económica como familiar”.
Proponen que el Senado de la República exhorte a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que inicie las acciones de cancelación de franquicias de las gasolineras que han sido reiteradamente sancionadas y, pese a ello, reinciden en anomalías.
Precisan que el incumplimiento de la norma no es sólo en el despacho incompleto del combustible, pues la Profeco indica que hay otras irregularidades, como deficiencias de seguridad en las bombas expendedoras, lo que pone en riesgo a los consumidores, y hasta la negativa rotunda y reiterada para recibir las visitas de verificación por parte de dicha autoridad.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
