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Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de aplicar un manual de protección ciudadana y prevención de riesgos como política permanente, sistemática, continua y evaluable.
Dicho manual deberá ser difundido en todas las instancias de gobierno y a la sociedad civil de forma periódica.
Asimismo, los legisladores acordaron que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promueva la cultura de la paz, legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia, así como el conocimiento de dicho manual.
Los legisladores consideraron necesario establecer reglas de conductas claras ante cada una de las circunstancias en las que participa la autoridad, tales como retenes, operativos de revisión, o en su caso cuando se den hechos delictivos en un área determinada, que puedan poner en riesgo la seguridad de la sociedad.
Señalaron que los hechos violentos provocados por la delincuencia organizada han afectado notoriamente a la sociedad, ya que la violencia entre grupos delictivos ha alcanzado las calles, domicilios, centros de convivencia, entre otras zonas.
Por ello, destacaron que el objetivo de esta enmienda es que la lucha contra la delincuencia debe estar apoyada por la participación consciente de los individuos, derivada del conocimiento de protección ante hechos generados por la lucha contra la delincuencia.
Además, explicaron que el manual abonará a la cultura de autoprotección y permitirá conocer a los ciudadanos cómo deberá ser su comportamiento en cualquiera de las acciones que realicen las fuerzas armadas o las corporaciones policiacas.
Indicaron que la vinculación entre las dependencias del Ejecutivo federal es trascendental en la lucha que se libra, por lo que “no se debe entender que la seguridad es sólo un asunto de los cuerpos policiacos, sino también es un asunto que le compete a la sociedad en su conjunto”.
Aclararon que el instructivo será elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en coordinación con la Secretaria de Educación Pública, quienes incorporarán en sus contenidos elementos suficientes y claros que coadyuven a que la información sea de fácil comprensión en los diferentes niveles de enseñanza básica.
Al fundamentar el dictamen, el senador panista Felipe González González, titular de la Comisión de Seguridad Pública, explicó que el manual constituye un instrumento que permite a la ciudadanía elevar su nivel de seguridad y fortalecer su protección.
Con ello, la autoridad podrá defender a las personas, bienes y derechos de los habitantes sin que deje de cumplir con su deber, agregó.
Por su parte, el senador priista Jesús Murillo Karam destacó que esta reforma “da la oportunidad de corregir un error, que por desgracia empezamos a cometer más seguido”, ya que en la Ley se indica que la autoridad podrá llevar a cabo las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de la seguridad pública.
“El que sean necesarias, es prácticamente hagan lo que se les dé la gana y esto en el sistema jurídico es inaceptable”, apuntó.
Por ello, propuso modificar el artículo séptimo de este ordenamiento, con la finalidad de establecer que la autoridad podrá “realizar las demás acciones que señala la ley para incrementar la eficiencia en el cumplimiento de la seguridad pública”. Este cambió fue avalado por el pleno.
Al respecto, el senador Tomás Torres Mercado expuso que no se puede dejar a criterio de la autoridad que en el cumplimiento de los fines determine las acciones que sean necesarias.
En opinión del legislador del PVEM, la autoridad debe regirse por un principio de legalidad y someterse solamente a lo que la ley le permite u ordena.
El documento se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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