Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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adrian rivera perezEl senador Adrián Rivera Pérez propuso este martes modificar la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de garantizar la descentralización de los recursos en materia de seguridad pública que se canalizan a los municipios y el diseño de políticas públicas eficaces dirigidas a combatir la inseguridad.

Para ello, el legislador de Acción Nacional sugirió crear el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios, que se determinaría anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto equivalente del 0.75 por ciento de la Recaudación Federal Participable.

De aprobarse la propuesta, dichos recursos se entregarán mensualmente por conducto de los estados de manera ágil y directa “y sin más limitaciones ni restricciones” que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 49 de la Ley.

La iniciativa establece que el Fondo se destine exclusivamente a las necesidades vinculadas a la seguridad pública, para lo cual los municipios deberán trabajar con base en resultados.

De esta manera, dispone que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, distribuya el dinero en proporción directa al número de habitantes y al grado de incidencia delictiva de cada estado.

Rivera Pérez argumentó que con el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se pretendió atender la seguridad pública con políticas públicas locales efectivas.

Sin embargo, dichas expectativas no se lograron alcanzar porque los recursos del SUBSEMUN fueron controlados y asignados bajo la perspectiva de una política pública diseñada desde el gobierno federal y los del FASP se asignaron con criterios estatales, “dejando sin posibilidad la implementación” de estrategias con un enfoque municipal.

“Y es precisamente en estos gobiernos donde interactúan realmente los elementos de población, territorio y gobierno, y donde se puede garantizar la efectividad de una política de prevención social del delito”.

La propuesta se envió a las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos, Primera.

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