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El senador Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa para sancionar el ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho y peculado como delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada.
Para ello propuso reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y sugirió que también se castiguen con los supuestos de este ordenamiento la desaparición forzada de personas, la concusión, el uso indebido de atribuciones y facultades, así como el ejercicio abusivo de funciones, todos ellos previstos en el Código Penal Federal.
Afirmó que el “tortuoso lastre” de la corrupción “ha causado bastantes males endémicos en nuestro país” y los esfuerzos por prevenir, combatir o erradicar los diferentes actos u omisiones --delictivos o no-- que redundan en provecho de esta conducta son deficientes e insuficientes.
Desde la dimensión institucional, que incluye a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación (EFSF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), aseguró, no se ha podido enfrentar apropiadamente “la concurrencia rampante de los delitos llamados de cuello blanco”.
Esto, agregó el legislador del PT, porque “desde que se estableció el régimen de responsabilidades de los funcionarios en la Constitución Política de 1917, el mismo ha ostentado un carácter anquilosado, confuso, complejo y disfuncional”.
Monreal Ávila argumentó que los “delitos de cuello blanco” no están considerados como actos de la delincuencia organizada, a pesar de que lesionan de manera grave los bienes jurídicos más valiosos de la sociedad y afectan directamente los pilares institucionales de la armonía.
Así, “vemos como a diario se da cuenta de enormes y fraguadas redes de corrupción compuestas por supuestos servidores públicos sin escrúpulos”, que constantemente son cubiertos por el manto de la impunidad.
Dijo que la iniciativa es pertinente porque “vivimos una crisis sistémica, de descomposición social y un clima muy peligroso que propicia ingobernabilidad en regiones completas que están en manos de la delincuencia organizada.
La propuesta se turnó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.
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