Número-171
- Comparece ante Comisión de Justicia segunda terna para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Pertinencia de regular la propaganda electoral en redes sociales, violencia electoral y acceso a las mujeres a cargos de elección popular, otros de los temas que se revisaron.
La Comisión de Justicia desahogó este jueves la comparecencia de Claudia Mavel Curiel López, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Soto Fregoso, candidatas de la segunda terna que presentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los senadores analizaron con las aspirantes los porcentajes para el registro de candidaturas independientes, la pertinencia de regular la propaganda electoral en redes sociales, violencia electoral y acceso a las mujeres a cargos de elección popular.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, los senadores Cristina Díaz Salazar y Raúl Cervantes Andrade consideraron que las candidaturas independientes son una figura necesaria y complementaria de la democracia representativa, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió la constitucionalidad de los porcentajes de respaldo ciudadano para registrarlas en las contiendas electorales.
Su compañero de bancada, el senador José Ascención Orihuela Bárcenas pidió una opinión sobre la asignación de representación proporcional a candidatos independientes en la integración de órganos colegiados como ayuntamientos, congresos locales o en el propio Congreso de la Unión.
En otro tema, el senador Jesús Casillas Romero, del PRI, destacó que existe la percepción de que no hay una comunicación permanente entre el Instituto Nacional Electoral y los órganos jurisdiccionales, particularmente la Sala Superior, porque en algunas resoluciones que ha emitido la institución han cambiado los criterios en tribunales.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Raúl Gracia Guzmán expresó que una de las grandes fallas de la justicia electoral en los últimos años ha sido la falta de certeza, consistencia y congruencia en sus resoluciones.
Para algunos, agregó, la democracia son las reglas previamente establecidas, aceptadas o por lo menos conocidas por todos los actores en contienda, incluso, es una de las razones por las cuales la vigencia temporal de las normas electorales debe ser con determinada anticipación al inicio del proceso.
El senador Benjamín Robles Montoya refirió que, en su ensayo sobre el tema, la candidata Curiel López considera que se tiene que demostrar la seriedad y responsabilidad de las personas que aspiran a participar como candidatos en una contienda, especialmente a la Presidencia de la República, pero para ello es indispensable que comprueben el apoyo con el que cuentan en términos reales.
¿Por qué considera que entre más firmas recabe un aspirante a candidato independiente, más legítima será su aspiración para ocupar un cargo de elección popular?, preguntó a la aspirante el legislador del Grupo Parlamentario del PRD.
La senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez preguntó si podría considerarse que los porcentajes establecidos para el registro de candidatos independientes “son excesivos y constituyen un obstáculo para ejercer el derecho humano a ser votado, pues imponen mayores requisitos que a los partidos políticos”.
Además, solicitó una reflexión sobre la necesidad de fijar criterios claros en temas como los límites a la libertad de expresión, los alcances de las restricciones en materia de propaganda o la regulación del discurso en las redes sociales.
David Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario del PT, subrayó la importancia de contar con mecanismos para que en los procesos electorales prevalezca el debate político, el intercambio de ideas, proyectos y la plataforma de los partidos, pues es preocupante el nivel de violencia, incluso, física en el desarrollo de las contiendas electorales.
En sus respuestas, Claudia Curiel López consideró necesario revisar, caso por caso, los porcentajes para el registro de los candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular, pero el uno por ciento establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la contienda electoral de la Presidencia de la República “no es excesivo ni extremoso”.
Sin embargo, señaló, en algunos estados se han fijado porcentajes mayores “tendentes a no hacer efectivo” este derecho. Ante este panorama, destacó la necesidad de eliminar estos candados y de reformar la Carta Magna para que se fijen los porcentajes y algunos otros requisitos que no puedan ser sobrepasados ni por el legislador federal ni por los del estado.
Consideró indispensable definir con claridad lo que es un “simpatizante” político, porque si no es así será “muy conveniente para los partidos” contar con una militancia mínima y con seguidores no registrados para que a través de ellos se puedan realizar “todo ese tipo de fraudes a la ley”, con un costo mínimo.
Silvia Gabriela Ortiz Rascón manifestó que “no tenemos ningún mandato constitucional que nos diga que las candidaturas independientes serán de mayoría relativa o de representación proporcional”, pero en el ámbito federal sí existe prohibición expresa a la representación proposicional en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
Agregó que la naturaleza de esta figura tiende a reflejar la propuesta de un individuo considerado en lo particular, desde el proyecto que presente a la ciudadanía para hacerse llegar votos, pero no constituye en sí mismo una fuerza electoral.
Aclaró que, a nivel de los ayuntamientos, no es complicado porque se tienen una sola demarcación electoral, acotada y pequeña en la que no existe ningún obstáculo técnico de considerar al candidato para acceder a una regiduría de representación proporcional.
Por otra parte, asentó que todos los tribunales coinciden en maximizar el derecho a la libertad de expresión, y en este sentido las limitaciones que se establecen en el artículo 6º de la Constitución son acotadas con el ánimo de propiciar una amplia exposición de candidatos y partidos políticos.
En su intervención, Mónica Soto Fregoso reconoció que se puede mejorar la relación y la comunicación entre las diversas instituciones que conforman el sistema electoral mexicano, pero además se requiere “ponderar los derechos fundamentales con derechos y principios democráticos”.
Además, se comprometió a buscar una mayor coordinación, porque no “es posible concebir una democracia con la actuación nada de una de las instituciones”.
Por otra parte, asentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “garantizó un paso más” en la igualdad entre hombres y mujeres para integrar la Sala Superior y, “de manera fidedigna podemos saber que estará integrada por una mujer más de las que históricamente ha tenido”.
