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El Senado de la República pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que continúe prestando asistencia jurídica a Jesús Hernández y María Guadalupe Güereca en su legítimo reclamo, ante instancias judiciales estadounidenses, por el asesinato de su hijo Sergio Adrián Hernández Güereca a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza.
También, el pleno senatorial solicitó a la Cancillería un informe donde explique los avances, retrocesos y perspectivas futuras en la implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza, emitida el 15 de diciembre de 2010.
Asimismo, le requirió evaluar la viabilidad y pertinencia de abordar y dirimir este y otros casos de brutalidad policiaca contra mexicanos en instancias internacionales de carácter diplomático y judicial.
Al presentar el punto de acuerdo que fue aprobado de forma urgente, la senadora Adriana González Carrillo refirió que el 7 de junio de 2010 Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años de edad, fue asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza.
“El agente fronterizo Jesús Mesa --respondiendo a una agresión con piedras por parte de otros jóvenes intentando cruzar la frontera-- disparó desde territorio estadounidense y las balas alcanzaron a Sergio Adrián, quien se encontraba del lado mexicano”, explicó.
Dijo que este incidente es uno más “en la larga lista de operativos que la Patrulla Fronteriza ha venido implementando contra la inmigración ilegal y en los que ha desplegado acciones sin precedentes de brutalidad y uso excesivo de la fuerza”.
La legisladora panista comentó que los padres del menor acusaron al agente fronterizo de haber utilizado el excesivo uso de la fuerza y de disparar intencionalmente antes de intentar un arresto.
No obstante --agregó-- en agosto de 2010, el agente involucrado se reincorporó a sus actividades en la Patrulla Fronteriza mientras el caso se ventilaba en los tribunales, “además de que la semana pasada un juez federal en Texas desestimó la segunda demanda civil interpuesta por los padres del joven asesinado”.
Dijo que esa resolución se une a la larga lista de fallos judiciales, especialmente concentrados en el estado de Texas, que niega garantías fundamentales a ciudadanos mexicanos, por lo que preocupa la manera en que se legitiman acciones tendientes a vulnerar los derechos humanos de indocumentados en Estados Unidos.
Por ello, consideró pertinente que las autoridades mexicanas insistan a sus contrapartes estadounidenses para que establezcan “criterios objetivos y protocolos confiables en la aplicación de la ley, específicamente en lo que conciernen a la Patrulla Fronteriza, a fin de evitar sucesos tan desafortunados”.
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