Número-420
- Se propone atender armonización legislativa, elaboración de reglamentos y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los avances.
- El IBD sugiere diseñar medidas tributarias para disminuir el daño ambiental y obtener recaudación adicional.
Para que México avance en los esfuerzos que realiza para mitigar el cambio climático, el Poder Legislativo debe discutir y ratificar el acuerdo al que el país se adhirió en la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21), señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
En la investigación “La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21) y sus implicaciones para México”, determina que también debe atender algunas inconsistencias de armonización legislativa, de elaboración de reglamentos específicos para su implementación y de establecimiento de mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación de los avances hacia los objetivos propuestos.
El IBD sugiere fortalecer las fuentes de financiamiento para atender el problema medioambiental; una manera consiste en diseñar medidas tributarias que lleven a un “doble dividendo”, donde se disminuya el daño ambiental -por incorporar el costo social de las externalidades negativas en los precios- y se obtenga una recaudación adicional que se pueda asignar a las acciones para el cumplimento de metas en la materia.
Lo anterior coadyuvaría a lograr el propósito del gravamen al carbono, incluido en la Reforma Hacendaria de 2013, mediante el cual se establece un impuesto a la enajenación e importación de combustibles fósiles de acuerdo con su contenido de carbono, señala el documento.
También recomienda el cobro adecuado de tasas por acceso a las zonas naturales protegidas y el comercio de emisiones de carbono; asimismo, sería relevante fortalecer el financiamiento vía los recursos provenientes de la cooperación internacional de los que México se ha beneficiado en el pasado, subraya el IBD.
Finalmente, sugiere la elaboración de una agenda nacional de desarrollo sostenible que tenga por objetivo el replanteamiento del estilo de desarrollo nacional y la transformación de las instituciones necesarias para implementarlo.
En el marco de la COP21 se adoptó por primera vez un esquema donde los países presentaron compromisos de reducciones de gases de efecto invernadero (GEI), determinados voluntariamente por cada uno de ellos; estas contribuciones se revisarán cada cinco años.
México comprometió voluntariamente la disminución de emisiones de GEI provenientes de distintas actividades; las reducciones comprometidas hacia el 2030 en cada rubro se calcularon al tomar como línea base el comportamiento tendencial de las emisiones y determinando la meta a alcanzar para ese año.
Según lo proyectado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la tendencia actual de emisiones anuales se tendría que modificar paulatinamente, para que alrededor del año 2026 las emisiones anuales netas se conviertan en decrecientes y se pueda lograr la meta proyectada.
A pesar de que las contribuciones comprometidas por México exigirán un esfuerzo importante para su cumplimento, según la iniciativa Climate Action Tracker, el grado de éstos en el comparativo internacional es “medio”, al igual que los adoptados por países como Brasil, China, India, Estados Unidos y Suiza.
Por otra parte, aunque los efectos desfavorables del cambio climático se presentan a escala global, se ha pronosticado un impacto especialmente considerable en los países de América Latina, debido a su geografía y en algunos casos, a su fuerte dependencia económica de los recursos naturales, señala la investigación.
Para México se han documentado algunos efectos específicos asociados al posible aumento de la temperatura promedio de entre 2 y 4 grados centígrados, como: aumento en la intensidad de los huracanes que impactan las costas del país; para el año 2030, a escala nacional se proyecta una reducción de 10 por ciento anual en la disponibilidad de agua.
Así como la reducción de los glaciares del Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba, estos podrían desaparecer en los próximos 10 y 35 años; se proyecta que para 2050, entre 53 y 62 por ciento de las comunidades vegetales estarán expuestas a condiciones climáticas distintas a las actuales.
También impactos en la diversidad biológica, se estima que puede existir hasta 40 por ciento de destrucción de fauna por el desequilibrio ecológico; y el aumento de temperatura y los eventos climáticos asociados tendrán consecuencias en la disminución del área apta para el cultivo de maíz en el centro-sur del país.
De ahí la importancia del acuerdo signado en la COP21, realizada en diciembre de 2015 en París, donde destacó la participación de un número considerablemente mayor de naciones respecto a las consideradas en el protocolo de Kyoto de 1997 y en negociaciones anteriores.
El hecho es sumamente relevante si se considera que algunos de los países que cuentan con un alto nivel de emisiones de GEI, como China e India, no habían tomado compromisos relevantes previamente y sus reducciones de emisiones pueden ser determinantes para alcanzar las metas globales.
La investigación del IBD, coordinada por la Dirección General de Investigación Estratégica, puede consultarse de manera íntegra en la dirección electrónica: www.senado.gob.mx/ibd/content/
