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El senador perredista Tomás Torres Mercado presentó una iniciativa para considerar a los compromisos financieros derivados de cualquier relación contractual entre el gobierno y la iniciativa privada como financiamiento crediticio y deuda pública.
Lo anterior, dijo, permitirá mejorar la contabilidad y la planeación del sector gubernamental y dará certeza a los inversionistas.
El legislador recordó que con la entrada en vigor de la Ley de Asociaciones Público Privadas se podrán suscribir contratos entre gobiernos y particulares para la prestación de servicios y el desarrollo de la infraestructura.
E
llo, bajo modalidades que comprometerán recursos futuros del erario, sin que dichas obligaciones sean catalogadas necesariamente como endeudamiento público.
En la actualidad, argumentó, los Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Registro del Gasto, conocidos como Pidiregas, no son contemplados como financiamiento crediticio e integrados a la cuantificación de la deuda pública, aun cuando generan obligaciones presupuestales para el sector público.
“El problema es bastante serio --enfatizó-- si consideramos que la inversión financiada por Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, mediante el mecanismo de Pidiregas hasta el 2007 es de 1.7 billones de pesos”.
A esta cifra hay que sumar 617.2 mil millones por concepto de intereses que deberán cubrirse en un horizonte que concluye en el 2045, aseveró.
Torres Mercado subrayó que la Auditoria Superior de la Federación concluyó que “la clasificación contable de los Pidiregas como deuda contingente ha distorsionado la cuantificación real de la deuda pública, ya que en términos económicos los recursos obtenidos por las entidades constituyen deuda directa”.
Estos esquemas, agregó, se registran como gasto corriente y comprometen las finanzas públicas en el largo plazo y debilitan el gasto.
La propuesta, que reforma las leyes General de Deuda Pública y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se turnó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.
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