Número-251
- El proyecto de decreto recibió los votos aprobatorios de 21 congresos locales; fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
- Señalan legisladores que esta reforma permitirá mejorar la protección a víctimas de la violencia.
La Comisión Permanente realizó la declaratoria de aprobación de la reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación,estados, municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de derechos de las víctimas.
La Mesa Directiva, que preside el senador Roberto Gil Zuarth, recibió 21 oficios con los votos aprobatorios al proyecto de decreto provenientes de los congresos estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
Una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas locales, Gil Zuarth hizo la declaratoria de aprobación del proyecto de decreto que reforma el artículo 73 constitucional en materia de atención a víctimas y la remitió al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.
Al respecto, el senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del PT, consideró que otorgarle esta facultad al Congreso es una muestra de que en México hay un Estado débil, que no ha sido capaz de salvaguardar los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales.
Dijo que hay instituciones encargadas de la seguridad pública que han violado derechos humanos, con desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y homicidios, ocurridas bajo la impunidad del Estado y la complicidad de una omisa procuración de justicia.
Para el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD, mencionó que esta declaración de constitucionalidad es el pago de una deuda política e histórica por parte del Estado mexicano frente a ciudadanos cuyos derechos han sido violados.
Opinó que la reforma constitucional llega tarde, pues fue puesta “en el espacio de lo irrelevante, en el espacio de las cosas sin importancia”, a pesar de la certeza y protección que el Sistema Jurídico Mexicano le debe dotar a los mexicanos que han sido víctimas.
En tanto, la senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN, expuso que en el país hay víctimas a las que no se le han protegido sus derechos, incluso, por intereses políticos se han solapado todo tipo de atropellos.
Puso como ejemplo el caso de José Manuel Mireles o el de miles d mexicanos que han sido víctimas de injusticia y violencia como los desaparecidos, migrantes, niños que viajan solos, madres que han sido violadas y maltratadas; nadie vela por ellos, apuntó.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Diva Hadamira Gastélum Bajo, expresó que la reforma permitirá la legalidad para expedir normas generales que se apliquen de manera concurrente en los tres niveles de gobierno, y a la vez,respetar la libertad y soberanía de las legislaturas estatales en la materia, resguardando las previsiones que establece el Congreso de la Unión.
El Estado mexicano no sólo tiene un firme compromiso con la investigación de los delitos, la procuración e impartición de justicia, sino con la protección de las víctimas en un marco pleno de respeto a sus derechos humanos y de determinación para una justicia más efectiva y humana, subrayó.
El diputado de Morena, Virgilio Caballero, comentó que existe un enorme reclamo social para una justa atención de víctimas, la cual parece una “aspiración incumplible”. Indicó que la Comisión Ejecutiva tiene inscritas tres mil 24 solicitudes de atención, de ellas dos mil 717 se encuentran pendientes y tiene por rechazadas 384, lo que habla del grave problema del rezago en esta materia.
Jorgina Gaxiola Lezama, diputada del PVEM, señaló que esta facultad permitirá dotar de claridad y brindar las herramientas adecuadas a los tres niveles de gobierno para enfrentar este problema y asegurar una atención efectiva a las víctimas y garantizar la reparación del daño.
Por último, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, dijo que en un país como México, que se encuentra sumido en una crisis de derechos humanos, la Ley General de Víctimas debe significar un mecanismo jurídico que esté a la altura de las circunstancias que reclaman los ciudadanos.
