Número-246
- Se celebrará a partir del 5 de julio en el Senado de la República y el 6 de julio en el caso de la Cámara de Diputados.
- Senadores y diputados presentan su postura sobre el acuerdo y recalcan que atenderán el llamado del Presidente de la República.
La Comisión Permanente convocó a las cámaras del Congreso a celebrar sesiones extraordinarias para dictaminar las observaciones formuladas por el Ejecutivo Federal al Decreto por el que se expiden las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción; General de Responsabilidades Administrativas; y la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como la toma de protesta de legisladores y acuerdos de los órganos de gobierno.
La Cámara de Senadores, según el acuerdo, celebrará las sesiones extraordinarias, a partir del día 5 de julio de 2016 y su apertura se efectuará a las 13:00 horas de ese día.
En tanto que la Cámara de Diputados dará inicio a las sesiones extraordinarias, a partir del día 6 de julio de 2016, dando apertura el mismo día a las 11:00 horas, para atender exclusivamente la minuta del Senado de la República sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo Federal.
De acuerdo con el documento, los senadores se ocuparán de los siguientes asuntos: recibir, dar entrada, dictaminar, discutir y resolver las observaciones formuladas por el Ejecutivo Federal al Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En ambos casos, la presidencia de la Mesa Directiva de cada cámara convocará a sesiones en las fechas que considere oportunas, con el propósito de atender los asuntos. Las sesiones extraordinarias se podrán clausurar cuando se consideren atendidos los proyectos, y esto podrá realizarse a través de una comunicación del Presidente de la Mesa Directiva.
Ambas convocatorias fueron aprobadas con 33 votos a favor, uno en contra y una abstención, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.
El senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que el papel del Poder Legislativo se ha reducido al de una oficialía de partes, donde se da trámite a las órdenes del Poder Ejecutivo sin que se realice una discusión seria de los temas más importantes para el país. El servilismo de los partidos afines al gobierno ha caído en el descaro, sin temor a ser juzgados por la opinión pública, agregó.
Además, calificó como una simulación la discusión del paquete de reformas sobre anticorrupción, el cual culminó con la “picaresca” aprobación de modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que indignó a los empresarios por ser sujetos de escrutinio público.
Por el Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Carlos Puente Salas, señaló que se atenderán con profesionalismo las observaciones, que dentro de sus facultades, presentó el Ejecutivo, para mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción, y reiteró su compromiso con México a fin de mantener y perfeccionar el Sistema.
Expresó que en la iniciativa ciudadana que se trabajó en el Congreso, bajo el modelo de parlamento abierto, se escuchó a la sociedad civil organizada. Destacó que el decreto fue aprobado en su mayoría y ratificado por la colegisladora, pero destacó la existencia de la división de poderes, por lo que no se debe olvidar que el proceso legislativo concluye hasta la publicación de la ley, motivo por el que se analizarán las observaciones.
El senador del grupo Parlamentario del PRD, Zoé Robledo Aburto, precisó que se debe revisar el tema de la iniciativa privada y la corrupción, pues existen quienes hacen negocios al amparo de la corrupción para tener una situación de competencia y de ventaja. Sin embargo, agregó que el Presidente, con la oportunidad de vetar el artículo 29, relativo al 3de3 no lo hizo, pero sí atendió a los empresarios.
Ganó la mezquindad y la miopía de no entender que el problema de la corrupción nos está hundiendo como clase política, que a la generación de políticos que estamos construyendo e intentando dejar un legado para los mexicanos del futuro, le está quedando grande la responsabilidad, advirtió.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN, se pronunció a favor de revisar cada uno de los artículos que fueron vetados por el Presidente. Consideró que su actuar fue parcial, pues escuchó al sector empresarial pero desestimó la voz de la sociedad civil y de la oposición en el Congreso.
Recalcó que se desaprovecha el periodo extraordinario si sólo se piensa en el veto al artículo 32 y no en el del artículo 29, ¿a qué le temen con el 3de3?, cuestionó.
En tanto, Francisco Javier Pinto Torres, diputado de Nueva Alianza, dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a contribuir en el diálogo y estudio de una redacción que contribuya a la erradicación de la corrupción en el ejercicio del gobierno. “Si pretendemos dignificar la política, es necesario consolidar un andamiaje jurídico eficaz”, dijo.
El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, refirió que el veto presidencial es insuficiente, y lo calificó como una simulación, porque el verdadero problema se encuentra en el artículo 29, es decir, hacer públicas y obligatorias las declaraciones fiscales, patrimonial y de intereses de los servidores públicos.
Adicionalmente, explicó, en el artículo 32 se establecen cargas a los particulares sin distinguir la situación específica en la que se encuentran frente al Estado, por lo que el establecimiento de las mismas obligaciones para sujetos que se encuentren en circunstancias de hechos distintas, vulnera el principio de igualdad.
La diputada Sofía González Torres, del PVEM, manifestó que es momento de analizar y tomar la mejor decisión para los mexicanos; “no se trata de quién propuso la modificación ni quién propuso el sistema, sino de hacer lo mejor para el país”.
En su turno, el diputado del PRD, Omar Ortega Álvarez, expresó que al Ejecutivo federal “se le fue la oportunidad de su vida, de mostrar que efectivamente quiere un país sin corrupción, sin pobreza, sin impunidad y sin opacidad”.
El diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos dijo que en el PAN “celebramos que el Presidente Enrique Peña Nieto le corrija la plana a los legisladores de su partido”, pero “se volvió a quedar corto y no escuchó la voz de 634 mil ciudadanos que exigían total transparencia en los servidores públicos”.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Jericó Abramo Masso expresó: “Dejemos el discurso lascivo, dejemos el discurso del engaño, vayamos a reconstruir el acuerdo político y hagamos que México tenga confianza en sus políticos otra vez”.
El diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo dijo que es necesario hacer un llamado para que no sean admitidas las leyes y adecuaciones a modo que blindan a gobernadores que tienen solicitudes de juicios políticos. “Lo hacen porque tienen cola que les pisen, son corruptos y si se les investiga se les va a encarcelar y eso es lo que quieren evitar”.
El senador del PRI, Enrique Burgos García, manifestó que a través de esta convocatoria se discutirá y dará seguimiento a las observaciones que ha hecho el Presidente de la República, “lo que nos llevará a hacer perfectible las leyes secundarias en materia de anticorrupción”.
Expresó que es importante impulsar esta legislación secundaria a partir del principio de división de poderes, que encuentra su lugar en la colaboración y participación, “por ello tenemos la tarea de complementar esa disposición constitucional para darle continuidad a este proceso legislativo”.
