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La Comisión Permanente expresó su más enérgico rechazo a la iniciativa HR 3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Dicha proyecto de ley --consideraron senadores y diputados-- presenta “contenidos extraterritoriales, intervencionistas y lesivos de la soberanía nacional, así como de los principios de responsabilidad compartida, respeto a la ley y confianza mutua en los que se basa nuestra cooperación bilateral”.
El punto de acuerdo fue propuesto por la senadora Adriana González Carrillo, quien destacó en tribuna que con el proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada, HR 3401, “han buscado denominar a los cárteles de la droga mexicanos como insurgencia terrorista en México”.
Al asumir esta postura, enfatizó la legisladora de Acción Nacional, “la iniciativa busca obligar a distintas agencias gubernamentales de aquella nación, encabezadas por la secretaria de Estado y la Secretaría de la Defensa, a delinear e implementar una estrategia de contrainsurgencia” para combatir a las bandas.
En México, agregó, “tenemos claro que para combatir al crimen organizado trasnacional se requiere la suma de esfuerzos de todos los países, especialmente del hemisferio y de la región norteamericana, pero se debe hacer con pleno respeto a nuestras autoridades, leyes e instituciones”.
Por ello, estamos en contra de iniciativas que “busquen acciones unilaterales y dejan de lado a las autoridades mexicanas” como en los casos de los operativos Rápido y Furioso, Receptor Abierto o Arma Blanca.
En tanto, el senador priista Carlos Jiménez Macías señaló que el Partido Republicano está impulsando en el Senado de Estados Unidos “una legislación realmente atroz y no está mirando la corresponsabilidad binacional en un tema tan delicado”.
Dijo que la enmienda expone el “tipo de argumentos que empiezan a esgrimirse cuando les comienza a dar la tentación de meterse mucho más en un país, y ahí está Irak y en América Latina, Panamá”, donde se juzgó a uno de sus presidentes en Estados Unidos.
“No quiero ser excesivo pensando que se atrevan a hacer eso, pero este es un anuncio muy peligroso”, porque cuando se utiliza la expresión de “insurgencia terrorista” para referirse a las bandas del narcotráfico, la connotación es muy peligrosa en la visión de los parlamentarios norteamericanos.
Consideró que “es más grave aún que los legisladores norteamericanos ignoren absolutamente al Congreso mexicano en un diálogo que lleva cincuenta años”.
De acuerdo con la Cámara de Representantes de Estados Unidos el proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada, HR 3401, tiene el “propósito de proteger a los ciudadanos de Estados Unidos de amenazas externas mediante el establecimiento y aplicación de tácticas apropiadas de contrainsurgencia”.
Además, establece una serie de disposiciones que obligan a las autoridades americanas “y pretenden obligar a las mexicanas” a implementar mecanismos de coordinación y políticas públicas “dictadas desde Estados Unidos”.
Loe legisladores subrayaron en el dictamen que en materia de seguridad es deseable una cooperación multilateral, pero ésta debe ser negociada y acordada entre Estados, como pares.
En este contexto, la Comisión Permanente también exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Estados Unidos a redoblar los esfuerzos encaminados a informar a los congresistas estadounidenses sobre el daño que iniciativas como ésta infringen a nuestra relación bilateral.
Además, solicitó a la PGR un informe detallado sobre la estrategia de cooperación bilateral en materia de lavado de dinero que, sin incluir aquella información calificada como reservada o confidencial, contenga una evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la fecha así como una estimación de los beneficios esperados a mediano plazo.
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