Número-040
- En los ordenamientos, se empodera al Ejército Mexicano y se establecen elementos que impactarían el Estado de derecho, señala la senadora Angélica de la Peña.
- Se omitió la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para establecer criterios claros en cuanto a la jurisdicción militar, advierte la legisladora.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal devolver al Congreso el decreto que reforma diversas disposiciones al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, aprobados por el Senado de la República el pasado 29 de abril.
Ante la Comisión Permanente, la senadora precisó que la petición al titular del Poder Ejecutivo se debe a que las observaciones del representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no fueron tomadas en cuenta en la integración del dictamen.
Argumentó que en los ordenamientos aprobados se empodera al Ejército Mexicano y se facilitan las posibles violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos en general, pues hay elementos que, de ser publicados por el presidente, impactarían el Estado de derecho.
Destacó que se centra el reconocimiento del fuero militar como un eje de actuación en los procesos penales de investigación y acusación; además, se establece que los militares podrán juzgar a personal civil y no sólo al militar, incluidos pueblos o comunidades indígenas.
También, se prevé que éstos podrán citar a comparecer a personas menores de 12 años, es decir, a niñas, niños y adolescentes, lo que es violatorio de sus derechos humanos.
La senadora advirtió que las disposiciones facultan a las instituciones judiciales militares para realizar cateos en propiedades de civiles, mediante la autorización por parte de una orden dada, sin que para ello medie la intervención de un juez federal.
Al respecto, dijo, el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) envió observaciones para establecer criterios claros en cuanto a la jurisdicción militar, en casos donde se afecten a civiles, donde se excluya que los mismos puedan llevar a cabo investigaciones o procesamiento.
Señaló que tampoco fue incluida la colaboración con autoridades civiles cuando de una misma actividad delictiva se desprendan delitos de competencia militar y del fuero común o federal; y el traslado al fuero civil y federal en los casos en los que no se detecten delitos del fuero militar.
El punto de acuerdo presentado en la sesión de este día, fue turnado a la Primera Comisión.
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