El senador Ernesto Ruffo Appel responsabilizó al presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, de dilatar la dictaminación de las leyes reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con violaciones sistemáticas al reglamento del Senado como a los principios que rigen la vida democrática del Congreso, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pretende evitar la aprobación de diversas iniciativas presentadas por PAN, PRD y organizaciones civiles en esta materia.
Incluso, dijo, rehúye el debate y en su calidad de presidente de la comisión especializada incumple con su responsabilidad de emitir los dictámenes correspondientes, a pesar de que el reglamento establece treinta días hábiles para ello y en algunos casos han pasado más de 236.
Aclaró que las “mesas técnicas” de análisis no suplen el proceso de dictaminación al que están obligadas las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, por lo que demandó respetar el proceso normativo establecido en el reglamento.
Las reuniones a las que deben convocar, añadió, son para dictaminar, no para sesionar bajo la modalidad de “mesas técnicas” y mucho menos para “andar derrochando el tiempo” con un esquema de trabajo que constituye una argucia para evitar la aprobación de lo que la sociedad demanda.
“Lo que se espera es que se presenten los dictámenes y se sometan a discusión en las comisiones unidas, no a esperar a tener un documento ‘consensuado’, porque sólo estaremos permitiendo la dilación que le conviene a los senadores del PRI y del PVEM en detrimento del país y del combate a la corrupción”, acusó.
Las iniciativas de los senadores panistas para expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos fueron presentadas el 26 de agosto de 2015 y turnadas a la comisión que Escudero preside, apuntó.
El 7 de octubre de 2015 también presentó el PAN ante el pleno senatorial la iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo plazo para ser dictaminada venció el 19 de marzo de ese mismo año, con lo cual acumula 186 días sin ser procesada.
De igual manera, agregó, el Senado turnó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana la iniciativa del PRD para expedir la Ley General para el Combate a la Corrupción el 10 de septiembre de 2015, cuyo dictamen también está pendiente.
Destacó que el senador Escudero también incumple con la Ley Orgánica del Congreso porque a pesar de que el artículo 45 obliga a las comisiones a sesionar cuando menos una vez al mes, el órgano legislativo que él preside tenía más de tres meses sin hacerlo pese a que con las iniciativas turnadas por la Mesa Directiva había materia para sesionar.
Además se ha conducido de manera arbitraria en la comisión y ha tomado decisiones unilaterales sin someter a consideración de los secretarios de esa instancia legislativa la realización de actividades como el foro de análisis para la reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción que se efectuó en febrero pasado, expresó.
El senador Ruffo Appel, integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana pidió que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, se comprometa con el respeto a la legalidad y evite que esta cámara viole la Constitución al incumplir con la fecha límite para aprobar la legislación pendiente del sistema.
“El artículo 217 del reglamento lo faculta para que vencidos los plazos sin que se presente dictamen ni exista causa justificada para ello, como es el caso, reasigne el turno a la comisión o comisiones dictaminadoras que resulten pertinentes”, advirtió.
Por otra parte, resaltó que en caso de concluir el periodo de sesiones sin dictámenes, el reglamento también prevé que durante los recesos legislativos las comisiones deben continuar con el estudio de las iniciativas, por lo que nada justifica que el Senado incumpla con el plazo constitucional del próximo 28 de mayo.
Consideró que un eventual periodo extraordinario de sesiones tendría que ser antes de esa fecha y calificó como un cálculo político lamentable pensar que los procesos electorales del 5 junio serán un obstáculo para cumplir con este tema prioritario en la agenda legislativa.
“El Sistema Nacional Anticorrupción no puede nacer como producto de una violación a la Constitución”, concluyó.
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