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El senador panista Ricardo García Cervantes presentó una iniciativa para crear la Comisión Nacional Reguladora de la Industria del Carbón como un organismo descentralizado que impida la operación de yacimientos clandestinos.
Además, tendrá como objetivo frenar la violación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores del sector minero, evitar tragedias, muertes y multiplicación de las víctimas, al tiempo que promoverá y orientará el desarrollo económico sustentable de la minería del carbón en México.
El legislador explicó que la Comisión también supervisará, verificará, vigilará, investigará e inspeccionará la aplicación y el cumplimiento de las normas, que regulen las actividades mineras de la industria del carbón, a fin de salvaguardar la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en dicha actividad.
En este sentido, mencionó que la explotación de carbón en Coahuila constituye el 100 por ciento de la producción nacional, con un volumen que ascendió en el 2010 a 11 millones 246 mil toneladas y cuyo valor remontó a 5 mil 650 millones de pesos.
“Con estos datos pudiera pensarse que las condiciones de vida del trabajador y su familia son óptimas, no obstante el panorama que prevalece en la región carbonífera es preocupante, pues por años ha prevalecido un escenario de injusticia como resultado de un cúmulo de irregularidades y juego de intereses en todos los órdenes de gobierno desde el local hasta el federal”, enfatizó.
Ello, agregó, deja a los mineros y sus familias en absoluto estado de indefensión.
Advirtió que una de las mayores preocupaciones que “palpitan en la región carbonífera de Coahuila” es el hecho de que las autoridades federales omiten cumplir la legislación minera vigente y la Norma Oficial Mexicana, que establece las condiciones y requisitos de seguridad en las instalaciones de las minas subterráneas de carbón.
Refirió que los accidentes suscitados en menos de una década hablan de una región descuidada por las autoridades tanto locales como federales, ya que tan sólo en lo que va de 2011 se han sumado 30 mineros a “la lamentable lista de fallecidos en sus centros de trabajo”.
A su vez --añadió-- se pone de manifiesto una amplia gama de corrupción de parte de los actores involucrados en este sector, y la ausencia de toda autoridad en la vigilancia y supervisión del quehacer de las compañías que operan en la región.
Puntualizó que en cada tragedia quedan al descubierto prácticas deshonestas de empresas, que revelan “omisiones” en el registro de trabajadores menores de edad que laboran en las minas de carbón, así como las condiciones de seguridad precarias que se presentan en una “indignante impunidad”.
La iniciativa se remitió a la comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictaminación.
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