Número- 1392
- No se debe de criminalizar la migración, independientemente de la situación jurídica en que las y los menores se encuentren.
- La iniciativa tiene como objetivo garantizar el bienestar de los menores migrantes no acompañados.
El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Raúl Morón Orozco, aseveró que el tema migratorio debe ser atendido de forma integral, estratégica y pacífica mediante acuerdos con las otras naciones centroamericanas corresponsables, bajo una legislación nacional más incluyente y con una cultura de valores y respeto a la diversidad étnica con sentido humanitario.
Al presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por medio del cual se propone reformar y adicionar los artículos 29, 52, 71 y 74 de la Ley de Migración, el legislador subrayó que no se debe criminalizar la migración, independientemente de la situación jurídica en que las y los menores se encuentren.
Además, enfatizó que los estados deben proteger a las niñas, niños y adolescentes que migran en situaciones de vulnerabilidad, por lo que la iniciativa tiene como objetivo garantizar el bienestar de los menores migrantes no acompañados.
Para este propósito, precisó que se busca facultar a los sistemas DIF de los tres órdenes de gobierno para establecer a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil para garantizar la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.
Asimismo, busca determinar la celebración de convenios entra la Secretaría de Relaciones Exteriores y la sociedad civil, entidades o municipios con el fin de garantizar el interés superior del niño, niña y adolescente; garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre los menores la patria potestad, tutela, guarda o custodia.
Detalló que la propone adicionar las fracciones V y VI al artículo 29, pues la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados es una responsabilidad que rebasa al Estado mexicano, y no se reconoce todavía en este ámbito particular la participación de la sociedad civil organizada y de los defensores de derechos humanos.
Subrayó que esta intervención de la sociedad ya es una realidad de facto sin reconocimiento jurídico, además, de que es urgente dotar de herramientas jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil para su actuación legítima y necesaria, como instancias coadyuvantes, en el objetivo de revertir las sistemáticas violaciones a los migrantes menores en tránsito por México.
También, expuso, se propone adicionar la fracción II y III al artículo 71, ya que dicho artículo plantea que se deben establecer convenios con la Secretaría de Gobernación; sin embargo, no existe un apartado que se refiera específicamente a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados pues se confiere este aspecto al DIF.
Sin embargo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia no ha fortalecido hasta la fecha estos convenios, por lo cual, resulta imperante, para proteger y promover los derechos humanos de este grupo, establecer también acuerdos de colaboración donde se establezcan derechos y obligaciones a Organizaciones de la Sociedad Civil que de factoya trabajan directamente con este grupo.
Indicó que respecto de la reforma propuesta al segundo párrafo del artículo 74, se propone que desde la Ley se enfatice que, para respetar el interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, es indispensable tomar en cuenta que este grupo migratorio cuenta con condiciones de vulnerabilidad mayores a las personas adultas.
En este sentido, sus procesos de regularización deben tomar en cuenta su situación particular, sobre todo porque la mayoría de este grupo de migrantes no acompañados que se encuentran en nuestro país es de origen centroamericano y vienen huyendo de la violencia estructural en sus lugares de origen.
México, en este sentido, tiene la obligación de brindar apoyo humanitario para proteger su vida e integridad física y esto solamente se logrará a través del establecimiento de un marco jurídico con respeto a los derechos humanos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.
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