Número- 1393
- Concuerdan que de manera puntual se debe establecer hasta qué edad se tiene que quedar los niños y niñas con sus madres en los centros penales.
- Advierten que el encarcelamiento de las madres no es una respuesta adecuada, por lo que es necesario darles alternativas de vida.
Durante la inauguración del foro “Hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad. Panorama y perspectivas para la reforma”, senadoras y especialistas coincidieron en la necesidad de crear una Ley de Ejecución Penal que tenga un enfoque de género y que garantice el pleno acceso a los derechos fundamentales de niñas y niños que se encuentren con sus madres en los centros de reclusión.
En tanto, la presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, dijo que las niñas, niños y adolescentes tienen carencias en el acceso a una alimentación adecuada, a un suministro permanente de agua potable, de acceso a educación y servicios de salud, así como la ausencia de normas en cuanto a los criterios de ingreso de un menos a un centro de reclusión junto a su madre.
Asimismo, se carece de un marco legal uniforme en cuanto a la edad límite de estancia de los menores en un centro de reclusión.
Destacó que, hasta el mes de noviembre de 2015, había 13 mil 301 mujeres privadas de la libertad, lo que representa un incremento importante, ya que en 2012 se tenían 6 mil.
Refirió que de los 389 centros penitenciarios, únicamente 15 son exclusivos para mujeres y según las CNDH, hasta el 2013 había 377 niñas y niños y 48 mujeres embarazadas. “Son datos que nos deben llamar a a la reflexión para crear un marco jurídico más completo”.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, dijo que en el Senado se discute y está por concretar la Ley de Ejecución Penal, que definirá de manera puntual hasta qué edad se tiene que quedar los niños y niñas con sus madres en los centros de privación de libertad.
Señaló que también establecerá que las condiciones en las que se encuentren aseguren el respeto a todos sus derechos humanos en función de cada etapa de su vida.
Es indispensable legislar en la materia, ya que debemos transformar esos lugares en centros de privación de libertad, en función de un proceso de reinserción social, para que las mujeres recluidas puedan tener alternativas de vida.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Martha Elena García Gómez, subrayó que es indispensable considerar el principio de interés superior de la niñez, así como el derecho de prioridad que tienen sobre los adultos, a fin de que gocen de una vida plena, en condiciones acordes a su dignidad, garantizando en todo momento su desarrollo integral.
Es muy importante involucrar a las procuradurías de protección, pues tienen a su cargo la coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral, así como la asesoría y representación en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo en el que se vean involucrados, advirtió.
Por su parte, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Lilia Merodio Reza dijo que es fundamental llevar a cabo un trabajo conjunto entre sociedad civil y gobierno, para elaborar una Ley Nacional de Ejecución de Penas que se encuentre a la altura de las necesidades de la población.
Como senadoras y sobre todo como mujeres debemos ser muy sensibles ante este tema y estamos comprometidas para llevar a cabo los consenso necesario que mejoren la calidad de vida de los niños que se encuentran en los centros de reclusión, “pues porque la etapa más importante de la formación de vida del ser humano son los primeros seis años”.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, dijo que es fundamental darles visibilidad a estos niños que son víctimas del sistema penitenciario, “tenemos que luchar por una perspectiva de infancia para estos niños que acompañan a su madre, que garantice un ejercicio pleno de derechos”.
Felipe de la Torre, asesor regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito subrayó que los niveles de encarcelamiento de mujeres es mucho más acelerado, el cual no ha sido acompañado de una debida transformación en la concepción y operación del sistema penitenciario en México.
La realidad de las mujeres privadas de la libertad es diversa, ya que muchas de ellas son primodelincuentes, han sido víctimas de algún tipo de violencia, responsables de delitos no violentos y tienen poca o nula educación y viven en condiciones de pobreza, además de que son madres responsables de toda la carga familiar, manifestó.
Francisco Castellanos García, director de Coordinación Interinstitucional del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, expresó que los hijos de las mujeres que se encuentran en reclusión necesitan ser vistos y atendidos de forma integral.
Se requiere una coordinación entre los tres niveles de gobierno y las instancias encargadas de atender los derechos de las niñas y niños, a fin de garantizar plenamente todas sus libertades, concluyó.
María Sirvent Bravo Ahuja, coordinadora institucional de Documenta A.C., dijo que es fundamental crear un censo de la población de menores que viven en reclusión con sus madres, ya que no hay una cifra exacta sobre este tema.
Puntualizó que el cinco por ciento de las mujeres privadas de libertad en la capital viven con dos de sus hijos en prisión; cada año, entre 20 y 30 mujeres dan a luz en situación de reclusión y cuando estos niños tiene que salir mientras sus madres tienen que seguir cumpliendo su sentencia, 10 por ciento de los niños y niñas llega a servicios de asistencia pública por falta de redes de apoyo.
Existe la ausencia de un marco legal uniforme en cuanto a la edad límite de estancia de los menores en los centros de reclusión, ya que actualmente cada estado tiene diferentes prácticas.
Anna Pecova, directora de Equis, Justicia para Mujeres, advirtió que las mujeres son una minoría que está creciendo con una tasa desproporcionalmente alta en la población carcelaria, “este crecimiento es en más del cien por ciento”
El encarcelamiento masivo de las mujeres y particularmente de las madres no es una respuesta adecuada, tomando en cuenta que el costo social y las consecuencias para aquellos que dependen de ellas es más alto que el costo del delito que se haya cometido.
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