Número-1526
- Se necesita impulsar un andamiaje legal sólido, difundir el contenido del nuevo sistema y lo que significapara el acceso a la justicia en el país, señala.
- Informa que se trabaja a “marcha forzada” para dictaminar antes de 30 de abril el tema del mando único policial.
La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, advirtió que una implementación deficiente del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio se traducirá en una simulación que perpetuará las viejas prácticas en esta área.
En una reunión que sostuvo con organizaciones civiles, y legisladores de Hidalgo y Nuevo León, para conocer las experiencias de esos estados en la instauración del sistema, dijo que el reto más importante de esta reforma es que se conozca y se entienda por todos los actores involucrados y por la sociedad en general.
Recordó que, a partir de junio de este año, el Sistema Federal de Justicia Penal tendrá un cambio de fondo, que dejará atrás el proceso inquisitivo en todo el país, cuyas consecuencias se deberán traducir en un mecanismo eficiente, justo y garante de los derechos humanos.
Por ello, consideró importante impulsar un andamiaje legal sólido, difundir el conocimiento del contenido del nuevo sistema y lo que implica para el acceso a la justicia en el país.
La legisladora mencionó que este cambio histórico obligó a la creación de nuevos instrumentos jurídicos; no obstante, falta mucho por concluir en el marco legal necesario.
En este sentido, informó que están por comenzar la dictaminación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenamiento que ha llevado más de dos años de trabajo y de consultas con especialistas, además, “estamos también analizando lo referente en justicia para adolescentes”.
Manifestó que de todo este entramado jurídico surgen nuevos retos que se habrán de enfrentar en el futuro cercano y que de no superarse podrán convertirse en obstáculos como la continua capacitación de funcionarios, incluidos ministerios públicos y jueces.
Por otro lado, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI informó que trabajan “a marcha forzada” en el tema de seguridad y justicia y la dictaminación del mando único, el cual “ya se transformó con opiniones y observaciones” a un mando mixto y existe la posibilidad de dictaminarlo antes del 30 de abril.
El objetivo, señaló, es impulsar la presencia de una policía preventiva y una de proximidad “para atender el bando de bueno gobierno”. Es una manera de fortalecer el Estado de derecho, a través de este nuevo Sistema Penal y cuidar el trabajo futuro de una policía de investigación, apuntó.
Patricio Gajardo, del Instituto Republicano Internacional (IRI), explicó que en el caso de Nuevo León e Hidalgo no existía una coordinación entre los actores que tenían que ver con la implementación de la reforma judicial; es decir, la sociedad civil, municipios, estados, congreso, sector privado y universidades.
Ante ello, dijo que el rol de IRI era promover el trabajo en conjunto de organizaciones e instituciones, con el objetivo de evitar la duplicación de esfuerzos y de fondos, así como generar una coordinación ordenada y exitosa.
El secretario técnico para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Hidalgo, Julio Paredes, comentó que es fundamental legitimar este nuevo modelo y una forma de hacerlo es su socialización; necesitamos que la sociedad se entere de las bondades de este mecanismo, subrayó.
Consideró fundamental formar un frente común entre sociedad y gobierno para lograr ese objetivo, además se pronunció a favor de que los gobernadores apoyen y hagan suyo la implementación del nuevo sistema penal.
Claudio Salvador Rodríguez, del Consejo Consultivo Ciudadano de Hidalgo, expresó que se han dado avances importantes en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; sin embargo, hay retos que tiene que ser atendidos.
Llamó a hacer esfuerzos para lograr la capacitación y profesionalización de los operadores del Sistema y de la policía, pues si no tienen la información suficiente sobre su funcionamiento no va funcionar.
El diputado de Nuevo León, Gabriel Tláloc Cantú, destacó que en ese estado el sistema penal ya funciona, pero ha arrojado “pequeños problemas”, ya que sigue habiendo deficiencias en la preparación de los elementos base tanto en la policía común como en la policía ministerial.
Aunado a ello, dijo que los abogados no se han actualizado en el nuevo sistema, por lo que ahora es más confiable la defensa de oficio que la privada. También, expuso seguirán abiertos los expedientes del sistema tradicional, pues no se pueden cerrar y olvidar, por lo que se cerrara un mecanismo paralelo para resolverlos.
Martín Sánchez, director de la organización civil Renace, mencionó que en Nuevo León, a partir de la implementación de la reforma judicial, se creó un puente entre los gobiernos y la sociedad civil y se establecieron las bases para un diálogo permanente para tomar la agenda de los ciudadanos en materia de seguridad y justicia.
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