Número-1193
- Presentan iniciativa para expedir las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas, y del Tribunal de Justicia Administrativa.
- Prevé homologar a nivel nacional el sistema de fiscalización y un registro patrimonial especial de funcionarios vinculados a licitaciones y obras públicas.
Los senadores Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI, y Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM, propusieron que dentro del nuevo sistema anticorrupción se prevean sanciones a particulares, sean personas físicas o morales, que participen en casos graves del mal manejo de recursos públicos.
De acuerdo con esto, las sanciones a particulares irían desde la aplicación de multas, hasta la inhabilitación para participar en obras y/o licitaciones públicas, así como resarcir el daño a la hacienda, sea federal, estatal o municipal, e incluso la disolución de personas morales.
Al presentar ante el Pleno del Senado la iniciativa para expedir las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y la de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos y Particulares Vinculadas a Faltas Graves; y una Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el senador Escudero Morales destacó que se pretende cerrar el círculo de las reformas aprobadas por el Congreso para combatir la corrupción.
Explicó que la propuesta de ley general del Sistema Nacional Anticorrupción tiene como pilares un sistema de fiscalización, basado en la coordinación entre autoridades federativas, estados y municipios, que garantice alcanzar una mayor transparencia en el país.
Lo anterior implica la homologación de estructuras de las instancias de fiscalización, a fin de que autoridades federales y estatales emitan tengan uniformidad y puedan ponerse de acuerdo en los procesos y emisión de informes anuales y recomendaciones.
Con tal propósito, incluye la creación de un comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, conformado por la Auditoría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto Nacional de Transparencia, y representantes del Consejo de la Judicatura Federal y de un Consejo de Participación Ciudadana.
En cuanto a la propuesta de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, hizo hincapié en que establece un registro patrimonial especial para los servidores públicos que tienen contacto con las contrataciones, licitaciones y otorgamientos de permisos o concesiones.
“Queremos que --esos servidores públicos-- estén en un apartado diferente, no queremos que estén en el universo de las declaraciones patrimoniales donde se pierden con millones de servidores públicos, para que sean susceptibles de una revisión periódica de su evolución patrimonial, donde a primera vista pueda irse a fondo por qué algunos funcionarios públicos aumentan de manera drástica su patrimonio, sin explicación alguna”, acotó.
La iniciativa, agregó Escudero Morales, proyecta también un catálogo de faltas graves, a fin de que los órganos de control interno y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puedan dimensionar más rápidamente las faltas en las que su incurrieron, por lo que las consideradas no graves se canalicen a los órganos de control interno.
En el caso de las acciones graves se integraría un expediente administrativo que se turnaría al Tribunal de Justicia Administrativa, el cual se plantea estará conformado por una sala especializada con tres magistrados, otra sala superior de 16 magistrados con funcionamiento de pleno jurisdiccional, con tres secciones, las dos primeras de temas administrativos y fiscales, y la tercera de responsabilidades de servidores públicos.
El legislador del PVEM destacó que dentro de las sanciones “estamos contemplando también sanciones para particulares, sean personas físicas o morales”, que se vean involucradas en actos de corrupción.
En la iniciativa se apunta que las personas físicas serán susceptibles de una sanción económica, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, en el ámbito federal, local o municipal; indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.
Dichas sanciones se prevén también para las personas morales, las cuales quedarían sujetas también a suspensión de actividades, lo cual consistirá en detener o diferir temporalmente a los participantes de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios, o disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional.
La iniciativa plantea conceder facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los proyectos de normas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y desincorporación de activos, servicios y ejecución de obras públicas.
Para concretar esta iniciativa, se proponen además modificaciones a diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General de Contabilidad Gubernamental, de Coordinación Fiscal, y de Fiscalización y Rendición de Cuenta de la Federación.
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