Número-1192
- Es un paquete de cinco iniciativas y propuestas legislativas, integradas y vinculadas entre ellas, para anteponer la racionalidad de la ley, frente a los intereses fácticos.
- Queremos que en este tema exista un acuerdo de todos los grupos parlamentarios: Barbosa Huerta.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, presentó una iniciativa a través de la cual se expiden, reforman y adicionan, diversas leyes para la reglamentar de forma integral el Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta propuesta contiene un paquete de cinco iniciativas y propuestas legislativas, integradas y vinculadas entre ellas, que permiten anteponer la racionalidad de la ley, frente a la “fuerza bruta” de los intereses fácticos.
La iniciativa propone expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los Particulares; la Ley de Fiscalización y de Rendición de Cuentas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El legislador precisó que en la propuesta desarrolla el concepto de corrupción, como el uso indebido de la función pública con fines privados, que devenga en una conducta atípica, antijurídica y punible, que afecte el patrimonio público o el ejercicio del buen gobierno.
Dijo que se plantea que incurrirán en actos de corrupción las diputadas y diputados federales y locales que, en el proceso de aprobación del presupuesto, gestionen o soliciten asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión indebida en dinero o en especie.
Asimismo, quienes otorguen obra pública o servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. “Con esta reforma se acabarían los legisladores que litigan desde el poder”.
Aseguró que se hace con precisión una separación entre las “faltas administrativas y faltas administrativas graves, así como un amplio catálogo para cada una de ellas”.
Las faltas administrativas serán sancionadas por los órganos internos de control; en el caso de las graves, como “los moches” y el tráfico de influencias, será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien intervenga.
Destacó que en la propuesta se incluye la iniciativa “Tres de Tres”, que pasa de estar sujeta a la voluntad del servidor público a adquirir un carácter obligatorio.
Indicó que se podría auditar y fiscalizar a cualquier ente público, federal, estatal y municipal o cualquier fideicomiso, fondo y figura jurídica que reciba recursos públicos de manera directa por la Auditoría Superior de la Federación.
Manifestó que el objetivo es que se construya un Sistema Nacional, con una instancia de coordinación institucional, de autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como fortalecer la fiscalización y control de los recursos públicos.
Queremos que en este tema exista un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, sobre una reforma para que los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y entes de los tres órdenes de gobierno, se guíen bajo los principios de austeridad, disciplina, eficiencia, honradez, imparcialidad, integridad, lealtad, legalidad, legitimidad, rendición de cuentas, responsabilidad y la transparencia que nuestro país merece y la sociedad nos demanda, explicó Barbosa Huerta.
El documento se remitió a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
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