Número-1150
- Coinciden en la necesidad de combatir este “cáncer” para que haya crecimiento y desarrollo en el país.
- Además del gobierno e instituciones, también se requiere cambiar la formación de los ciudadanos, señalan.
Los coordinadores parlamentarios del PAN en el Senado y en la Cámara de Diputados, Fernando Herrera Ávila y Marko Cortés Mendoza, respectivamente, así como el presidente de ese instituto político, Ricardo Anaya Cortés, convocaron a las fuerzas políticas a acelerar la dictaminación y aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo plazo legal vence en mayo próximo.
Al inaugurar el “Primer Foro Nacional Anticorrupción”, el coordinador del Grupo Parlamentario PAN en el Senado de la República, Fernando Herrera, señaló que la corrupción corroe al país como un cáncer que avanza inexorablemente, por lo que convocó a los partidos políticos “no para arrastrar los pies, sino a caminar y concretar con una legislación de avanzada”.
Recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción prevé el nombramiento de un fiscal anticorrupción, con un respaldo legal que le permita realizar tareas correctivas, preventivas y coercitivas, ya que la justicia es atribución primaria del Estado, además de ser una condición necesaria de armonía social, pues su aplicación refleja un auténtico Estado de derecho, y permite que las naciones crezcan, prosperen y se desarrollen.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, refrendó el compromiso y la urgencia de sacar adelante a legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, con la que se tendrán que armonizar más de 20 ordenamientos y que tiene como fecha límite para su expedición, el mes de mayo de este año.
Comentó que mientras no haya leyes secundarias, el Sistema es letra muerta, ya que el diseño actual de la legislación implica la impunidad. “Las leyes que hoy rigen nuestro país están diseñadas para que, como regla general, los corruptos se salgan con la suya”, dijo.
Anaya Cortés refirió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cada año presenta más de dos mil expedientes que implican responsabilidades administrativas; no obstante, en 99 por ciento de los casos no se sanciona a los funcionarios, por ello es necesario lograr una “reforma que permita justicia verdaderamente daltónica, que no reconozca colores partidistas y que el compromiso sea con la verdad”.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, señaló que la corrupción no es exclusiva de partidos, gobiernos o instituciones, es un problema de Estado de Derecho e institucional, un diseño social que se requiere cambiar.
“Una sociedad que acepta como forma de vida y ve normal prácticas como la mordida, es una sociedad enferma, se tienen que quitar los mitos de que el que no tranza no avanza”, es cambiar al gobierno y la formación de los ciudadanos, manifestó.
Reiteró el compromiso de su bancada para combatir la corrupción porque es un problema trasversal que ha trastocado a todos porque es un problema universal que se ha visto reflejado fuertemente en México. Dijo que terminar con la impunidad permitiría la redistribución de al menos nueve puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto (PIB).
A su vez, Aníbal Enrique Quiñonez, embajador de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su confianza en que la aprobación de las leyes secundarias sea en beneficio del país, y que respondan a las necesidades de la sociedad.
Posteriormente, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC) en México, Antonio Mazzitelli, dijo que problemas como el crimen organizado, el mercado ilícito de sustancias o el robo de hidrocarburos sólo pueden existir debido a los altos índices de corrupción.
Durante la conferencia magistral “Derecho internacional y organismos multilaterales en el combate a la corrupción”, señaló que es un fenómeno social, político, económico, que afecta de verdad la vida de todos los ciudadanos del mundo. Es interpretado como uno de los grandes fenómenos y riesgos de las sociedades, consideró.
Reiteró que la corrupción va mucho más allá de sus relaciones con el crimen organizado, porque genera daños directos y relevantes a las inversiones, planes de desarrollo, generación de la riqueza, competitividad y a la implementación de políticas públicas.
Agregó que luchar contra la corrupción requiere la corresponsabilidad entre el sector público, el privado, las empresas y las instituciones, así como promover el gobierno abierto y fortalecer la transparencia, es decir, la gobernanza democrática.
Mazzitelli reiteró que para combatir este problema es necesario revisar la estructura federal, concretar el marco normativo en los estados y buscar la forma en que el marco normativo se implemente y sea la estructura para luchar a la corrupción.
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