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El senador Andrés Galván Rivas presentó una iniciativa que obliga a los tres órdenes de gobierno a consultar a los pueblos y comunidades indígenas en aquellos actos administrativos o legislativos que afecten sus derechos colectivos.
Entre éstos, destacan asuntos relacionados con sus tierras o territorios, tales como la expropiación de tierras, instalación de depósitos de residuos peligrosos o rellenos sanitarios, programas sectoriales y toda propuesta legislativa que impacte su derecho a la libre determinación.
Se trata de una iniciativa que cuenta con un gran consenso de todas las fuerzas políticas y es considerada como una de las propuestas legislativas más importantes, después de las reformas constitucionales del 2001 en materia de derechos de los pueblos indígenas.
De aprobarse la iniciativa que crea la Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas ésta garantizará un diálogo intercultural permanente entre el Estado y los pueblos, en una sana relación que aporte beneficios mutuos. evitando pobreza y marginación y desplazamientos forzados o migraciones sin retorno.
Representantes de comunidades indígenas se dieron cita este jueves en el salón de sesiones del Senado para escuchar la exposición de motivos de la iniciativa, a cargo del legislador de Acción Nacional en su carácter de titular de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Señaló que el objetivo de la consulta es atender la realidad de las comunidades indígenas, ya que ante la falta de diálogo intercultural con el Estado “se les han causado graves problemas de desplazamiento o empobrecimiento debido a la imposición o ineficacia de medidas y políticas que no consideran las características pluriculturales de los pueblos”.
Recordó que dentro de la cosmovisión de los pueblos uno de los aspectos de mayor relevancia es la madre tierra y sus recursos.
“Para ellos lo más importante es conservarlos, sí participando de la explotación pero cuidando su regeneración a través de conocimientos que por siglos ha funcionado de manera eficaz”, apuntó.
Debido a lo anterior --añadió-- es indispensable que exista un diálogo y acuerdo entre el Estado y los pueblos para no sólo obtener el mayor beneficio de las políticas y obras implementadas sino para conservar la integridad de los recursos naturales y respetar la cosmovisión indígena.
Así también, Galván comentó que se consultarán los actos administrativos de los tres órdenes de gobierno que afecten o puedan afectar los derechos a la libre determinación y autonomía, “es decir aquello que impacte sus características culturales y sus formas internas de convivencia y organización social, cultural, política, sistemas normativos de regulación y solución de conflictos internos, entre otros”.
Además, puntualizó que el derecho de consulta será transversal y tendrá repercusiones en otros derechos como el de educación, salud, comunicación, desarrollo, a fin de que los ejerzan eficazmente a través de su participación.
“La iniciativa es el resultado de un proceso histórico en el que por primera vez se consulta a nivel nacional un proyecto legislativo sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas y que si bien puede ser perfectible, representa un gran avance en materia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, resaltó.
La iniciativa, suscrita por los integrantes de la referida Comisión, se envió a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictaminación.
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