Número-1100
- Pide a las autoridades evitar la violencia y la ingobernabilidad al interior de los reclusorios.
- Los principales problemas que adolecen las cárceles son autogobierno, sobrepoblación y hacinamiento, se señala en el dictamen aprobado.
El Senado de la República hizo un llamado al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a las autoridades de los estados encargadas del sistema penitenciario, para que implementen acciones urgentes a fin de prevenir y erradicar las violaciones a los derechos humanos de las personas que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios del país.
La asamblea les solicitó que atiendan especialmente las diversas condiciones estructurales que incentiven la violencia y la ingobernabilidad al interior de los reclusorios.
Asimismo, pidió a la Secretaría de Salud federal, y a sus homólogas en los estados, que fortalezcan los programas de prevención y atención dirigidos a las personas que se encuentran presas.
En tanto, requirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un reporte sobre el estado que guarda cada una de las recomendaciones que ha emitido en materia penitenciaria.
En un dictamen aprobado por la asamblea, en votación económica, se comenta que la CNDH, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, “ha constatado la preocupante situación y urgente atención de la atroz realidad que padecen las personas privadas de su libertad, procesadas o sentenciadas, por los delitos del fuero común y federal, en casi todos los centros penitenciarios” que existen en el país.
Indica que los problemas que adolecen las cárceles son: autogobierno, el cogobierno, sobrepoblación, hacinamiento, falta de atención e higiene en las instalaciones, inadecuada alimentación, desatención, falta de precisión jurídica, entre otras.
Para los senadores esta realidad constituye una grave problemática de inseguridad pública, que trasciende a la vulneración estructural de los derechos fundamentales de las personas encarceladas, pero que se extiende además a los visitantes y familiares, lo que nulifica la protección de las garantías.
Recordaron que el Estado mexicano ha suscrito tratados internacionales en los que se establece la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, por lo que es necesario hacer un llamado a que ayude a promover estas acciones.
Solicita Senado a Ejecutivo federal informe sobre recomendaciones por violaciones a DDHH
En otro tema, la Cámara de Senadores solicitó al Ejecutivo federal un informe sobre el número de recomendaciones que ha recibido por violaciones a los derechos humanos, del año 2012 a la fecha, así como el grado de avance en cumplimiento de éstas.
Dicho reporte deberá señalar aquellas recomendaciones que han emitido diversos organismos internacionales al Estado mexicano.
Asimismo, tendrá que indicar las acciones emprendidas para revertir el recorte al presupuesto de la Iniciativa Mérida, por parte del Congreso de Estados Unidos, y para fortalecer dicho mecanismo de cooperación bilateral.
El Pleno también pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un informe sobre las recomendaciones que ha emitido al gobierno federal, en materia de violaciones a derechos humanos desde 2012 a la fecha.
En el dictamen aprobado, se menciona que debido a los numerosos reportes de organismos nacionales e internacionales respecto a la situación de los derechos humanos en México, particularmente sobre los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, se han acrecentado las preocupaciones de aquellos actores con quienes el Estado mexicano ha signado mecanismo de cooperación.
Se señala que el congreso estadounidense decidió retener 15 por ciento de los recursos que destina a la Iniciativa Mérida, pues mediante una evaluación constató el panorama de los derechos humanos en el país.
Por esa razón, se agrega, diversas autoridades de Estados Unidos han emitido un gran número de recomendaciones para que se fortalezcan las instituciones y mecanismos de seguridad, investigación, y reparación de daños en materia de delitos que violenten los derechos humanos en México.
Se recuerda que, para la implementación de la Iniciativa Mérida, ambos países contemplan la cooperación bilateral en materia de seguridad, apoyo económico para nuestro país, el cual asciende a mil 600 millones de dólares, de 2008 a 2014.
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