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Exceso de trabajo, poco sueldo, así como protección jurídica y social insuficiente son los principales problemas que enfrentan las trabajadoras del hogar mexicanas.
Lo anterior se puso de manifiesto durante la presentación, en el Senado de la República, de los Resultados sobre trabajadoras domésticas de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010.
Por ello, el senador Guillermo Tamborrel Suárez reiteró su compromiso para impulsar la pronta ratificación del Convenio 189 relativo al trabajo doméstico cuando se remita a la Cámara de Senadores, así como promover las reformas a las Ley Federal del Trabajo y al Instituto Mexicano del Seguro Social para cambiar esta situación.
El legislador panista y titular de la Comisión de Grupos Vulnerables hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que, “dejando atrás mezquindades, intereses partidistas y electoreros”, apruebe la reforma laboral, al menos en lo que tiene que ver con los grupos vulnerables.
“No se vale --afirmó-- que dos millones 100 mil personas sigan siendo discriminadas, que de ellas un millón trabaje antes de que salga y después de que se ponga el sol”.
“Esto es inaceptable. Si nos queremos considerar como un país civilizado tendremos que avanzar en este sentido”, asentó.
Por su parte, Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dijo que nueve de cada 10 de empleadas del hogar no cuentan con un contrato laboral por escrito y esto “posibilita enormemente la violación de sus derechos laborales”.
El principal derecho vulnerado, agregó el funcionario, es la falta del seguro médico, pues casi el 90 por ciento de las encuestadas mencionó no contar con esta prestación, 4.5 por ciento que lo tienen a veces y sólo 8.5 por ciento de manera regular.
Agregó que la mayoría labora todo el día, sólo el 30 por ciento trabaja en las mañanas y su percepción semanal promedio se encuentra entre los 500 y mil pesos.
Más del 90 por ciento no tiene vacaciones y apenas uno por ciento tiene prima vacacional.
Aclaró que quienes sí cuentan con seguro social “o lo tienen de manera voluntaria o por una inscripción distinta al trabajo doméstico, es porque el apartado de la Ley del Seguro Social no permite que haya seguridad social obligatoria para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.
Lo resultados de la Encuesta, añadió, demuestran que el trabajo doméstico no incentiva ni permite el desarrollo laboral y profesional, pues más del 60 por ciento de las entrevistadas dijo que no poden ir a la escuela.
Bucio Mújica destacó que 25 por ciento de los encuestados justifican dar de comer los alimentos sobrantes a un apersona que hace el trabajo doméstico y más del 80 por ciento de población cree que eso sucede cotidianamente.
Sin embrago, cinco de cada 10 trabajadoras del hogar manifestaron estar en desacuerdo con la idea de que en México no se respetan sus derechos.
Thomas Wissing, director de la oficina de México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, recordó que en la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo 2010, se reportó que en nuestro país existen casi dos millones de personas trabajando de manera remunerada en hogares de terceros.
El número de personas que se dedica a esta actividad, subrayó, es superior al de los que laboran en el sector de las comunicaciones y transportes, que son 1.7 millones de personas, a los 1.6 millones de maestros y al millón de mexicanos que se dedican a la protección y vigilancia.
“No estamos hablando de un número significativo sino de un grupo fuerte de Población Económicamente Activa (PEA)”, enfatizó.
En total representan el 4.5 por ciento de la PEA y ese total el 92 por ciento son mujeres.
En su turno, Ana Güezmes García, directora regional de ONU-Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, expresó que “es injustificable la desigualdad que enfrentan las trabajadoras domésticas en México”.
“Con frecuencia --aseguró-- están excluidas de jure o de facto de la protección de la legislación laboral y la seguridad social”, pues se considera como un empleo de segunda categoría que no cuenta con los marcos regulatorios que garanticen la igualdad de trabajo entre hombres y mujeres.
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