Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

Número-1043

  • Los principales afectados son las personas jóvenes y las amas de casa.
  • La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Con el propósito de erradicar la publicidad o prácticas que resulten en una contratación laboral engañosa, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Lorena Cuéllar Cisneros, presentó un proyecto de reforma al Código Penal Federal.

Propone sancionar a quien invite o se haga valer de dicha publicidad para ofrecer la firma de contrato laboral como resultado de algún tipo de capacitación o actividad a cambio de una cantidad monetaria, dando como resultado final la no obtención del empleo o bien la contratación para fines distintos a las actividades y condiciones laborales originalmente ofrecidas.

Desde la tribuna, la legisladora del PRD señaló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al segundo trimestre de 2015, hubo 2.3 millones de personas desempleadas --cifra que se mantiene estancada al compararla con el mismo periodo del año anterior--, no obstante, el subempleo va a la alza, pues las personas que buscan un empleo sumaron 4.2 millones, cifra superior en 150 mil personas a la registrada en 2014.

En cuanto al empleo informal, subrayó que las modalidades de empleo informal sumaron 29.1 millones de personas para un avance de 2.5 por ciento respecto del mismo periodo del 2014, es decir, sumaron 697 mil personas en la informalidad durante el año anterior.

Esta situación, explicó, afecta más a las personas jóvenes y a las amas de casa, ya que en muchas ocasiones las empresas les niegan un empleo bajo el pretexto de la inexperiencia o la disponibilidad de tiempo; por lo que terminan accediendo a espacios de trabajo que se ofrecen con engaños, donde incluso se les llega a solicitar una “inversión inicial” para capacitación o para formar parte como “socio” de alguna empresa.

La legisladora subrayó que las ofertas laborales para “recepcionistas”, “auxiliares de oficina”, “encargados” e incluso para trabajar desde casa “empaquetando” productos de marcas reconocidas en el mercado; en jornadas de cuatro horas y con sueldos que van de los 800 a los mil 200 pesos semanales, se anuncian principalmente en internet y en los clasificados de los periódicos, por lo que se hace imprescindible incidir en este tipo de conductas que afecta la vida de las personas y su patrimonio jurídico.

Aunado a esto, dijo, la mayoría de personas que son víctimas de estos fraudes, no cuentan con los recursos suficientes, por lo que pocas veces presentan una denuncia y continúan un procedimiento que implicaría un costo adicional, por lo que el defraudador continúa impune e incidiendo en este tipo de actos.

Ante la compleja situación laboral por la que atraviesa nuestro país, que ha sido también alertada por organismos internacionales, el Estado mexicano debe priorizar acciones que resuelvan esta problemática y velar porque el respeto a los derechos laborales de nuestras y nuestros ciudadanos, finalizó.

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