Número-1040
- Mediante una adhesión a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores estarán obligados a demostrar las características de sus productos o servicios.
- La Ley no determina quién tiene la “carga probatoria” para acreditar que la publicidad de un producto o servicio es real, veraz y objetiva, advirtió.
El senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 32 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El proyecto establece que el proveedor deberá contar con la información relativa a estudios, pruebas y análisis que, a través de técnicas y métodos científicos, demuestre de forma idónea, racional, veraz y objetiva, las características, condiciones y beneficios que, a través de cualquier medio de comunicación, den a conocer al consumidor sobre los bienes, productos o servicios que oferten.
Así, el proveedor de bienes, productos y servicios estará obligado, en cualquier tipo de proceso o instancia, a acreditar la veracidad de su publicidad.
El legislador señaló que la información y publicidad que los proveedores manifiesten sobre sus productos o servicios, debe garantizar el derecho a la información exacta, veraz, real y objetiva; tomando en cuenta que el consumidor desconoce en su totalidad los elementos reales y las características de los productos publicitados.
Comentó que la iniciativa tiene la finalidad de proteger al consumidor, porque éste no cuenta con la solvencia económica, técnica y científica para acreditar si un producto que desea comprar, cuenta con todas las características y funciones con las que se publicita.
Detalló que la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé la publicidad engañosa en la fracción VII de su artículo primero, así como en su artículo 32; sin embargo, no determina quién tiene la “carga probatoria” para acreditar que la publicidad de un producto o servicio es real, veraz y objetiva.
Estas cuestiones “por simples que parezcan han puesto en riesgo a los derechos del consumidor”, dijo, debido a que la normativa es omisa o ambigua al determinar la responsabilidad del proveedor a demostrar la veracidad de sus afirmaciones publicitarias.
La iniciativa propuesta por el senador Miguel Romo Medina fue turnado a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su análisis.
