Número-934
- Coinciden senadores y diputados en el reconocimiento de la Ciudad de México como entidad con mayores facultades.
- 23 estados de la República avalaron la Reforma Política del Distrito Federal.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló en la sesión de este miércoles la declaratoria de la reforma constitucional para la Ciudad de México, con lo que se avanza para que sea considerada como una entidad federativa.
Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la Permanente, refirió que la Legislatura LXIII tomó una decisión histórica e informó que la reforma fue remitida al Ejecutivo federal para sus efectos, y con ello conducir hacia un futuro de igualdad, justicia y democracia para los habitantes de la Ciudad.
La reforma en materia política fue aprobada por los congresos locales de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Al iniciar los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Partido del Trabajo, advirtió que la integración de la Asamblea Constituyente será un atentado a la República; porque es contradictorio que se pretenda otorgar autonomía a la Ciudad, sin tomar en cuenta la participación de los ciudadanos.
Explicó que resulta esencial que la nueva Constitución empodere a los capitalinos, para que emitan su opinión sobre temas de interés general. Asimismo, hizo votos para que la Asamblea Constituyente tome en cuenta la opinión de la ciudadanía al momento de redactar la constitución.
En su turno, el diputado Luis Alfredo Valles, de Nueva Alianza, detalló que la Ciudad de México es la entidad más importante en el rubro económico. Dijo que con la reforma política, los ciudadanos de la capital darán muestra de su madurez política.
De la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, comentó, derivará el correcto funcionamiento de una mejor política, acorde a las necesidades de sus habitantes.
La senadora independiente Martha Tagle García señaló que la reforma política “le quedó a deber” a la ciudadanía; porque ésta traiciona la votación democrática de todo proceso constituyente, y niega el derecho de los ciudadanos de participar en las decisiones que afectan a la ciudad.
Además, los integrantes de la Asamblea Constituyente deberían ser electos democráticamente, bajo el principio de paridad de género, para evitar la partidocracia.
La diputada Rocío Nahle del Movimiento Regeneración Nacional criticó la declaratoria de la Reforma Política porque, dijo, “hay intervención de personajes en el poder”. Sin embargo, aseguró que su partido “va a promover de manera permanente las acciones legislativas con la finalidad de lograr la democracia plena participativa y directa, en la que los ciudadanos deciden libremente los asuntos más importantes de la nación”.
“La declaratoria nace torcida y va a carecer de legitimidad”, dijo, y exhortó a sus compañeros a “actuar democráticamente y a la altura de lo que esperan los capitalinos”.
En su oportunidad el diputado Alejandro González Murillo del Partido Encuentro Social, celebró la declaratoria de validez constitucional de la reforma política para la Ciudad de México y la calificó como un hecho histórico, que permite consolidar su evolución política.
“Para Encuentro Social es parte importante de un pacto social que pasa por los objetivos, vocación y prioridades del gobierno, aseguró que esta decisión apuntalará a la Ciudad de México a nivel nacional”, además de que felicitó a quienes habitan la Ciudad de México.
La legisladora Sharon Cuenca Ayala del Partido Verde Ecologista de México se congratuló de la declaratoria y aseguró que pronto la Ciudad de México se sumará al Constituyente Permanente que es parte de las reformas constitucionales en el futuro.
Destacó que, a partir de hoy, la Ciudad de México será nombrada como la entidad 32 que pondrá en primer nivel a todos los ciudadanos.
“Esta reforma permite la evolución de la Ciudad de México como ente jurídico, político con particularidades propias de una entidad federativa, y está fundada y motivada para atender las necesidades propias de los ciudadanos y considerar que el DF tiene una naturaleza jurídica distinta a las 31 entidades restantes”.
El senador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa Huerta dijo: “Adiós, Distrito Federal; bienvenida, Ciudad de México” y aseguró que los habitantes de la Ciudad de México “merecen una Constitución a la altura de su historia, de su sociedad y de sus aspiraciones como sede de los Poderes de nuestro país”.
Argumentó que “la Constitución de la Ciudad de México deberá ser la más progresista, la más liberal, la de mayor justicia social; en su contenido tiene que expresarse el pacto fundante de la Ciudad de México; en sus artículos, plasmar los derechos y las libertades por los que la ciudadanía capitalina ha luchado durante muchos años”.
Por el Partido Acción Nacional, la senadora Mariana Gómez del Campo subrayó que se trata de una reforma parcial, acotada e incompleta; y sin embargo, es un paso para terminar con el aislamiento político y retraso que ha sufrido la Ciudad de México.
Dijo que se cierra el capítulo de la reforma constitucional, y se inicia una etapa importante: la integración de la Asamblea Constituyente, que creará, para enero de 2017, la constitución local. Hizo un llamado al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que “no dé un paso atrás en la democratización de la ciudad”.
Enrique Burgos, senador del Partido Revolucionario Institucional, destacó que a lo largo de los años hubo diversas propuestas para lograr la reforma política, que han aportado al debate democrático para la transformación de la Ciudad de México y que hoy se consolida para “cobrar todo su vigor y mayor realce de los derechos políticos de los ciudadanos de la gran capital de la República”.
Aunque destacó que la reforma política es un gran avance, reconoció que aún hay acciones por hacer para normar las relaciones entre los poderes federales y su sede, para el ejercicio de sus funciones.
