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El senador José González Morfín hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que se aplique la ley con firmeza y reciba un justo castigo quien atente contra la integridad de un niño, niña o adolescente.
El presidente del Senado enfatizo que “la sociedad debe rechazar todo tipo de esclavitud moderna y actividad que quiebre el espíritu de nuestros menores”.
Las estadísticas sobre los abusos sexuales contra los infantes, subrayó, son alarmantes y ofensivas, por lo que todos los sectores sociales deben comprometerse en la urgente e ineludible tarea de protegerlos y evitar que los criminales “se lleven lo más valioso de nuestro país”.
En el Senado de la República somos conscientes de la terrible realidad que afecta todos los días a miles de niños y jóvenes, a quienes les son arrancados la inocencia y el futuro, señaló al clausurar la reunión de conclusiones de los foros regionales para detener la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Por ello, destacó, se aprobaron diversas reformas para detener la violencia en contra de los menores, combatir la pederastia y la explotación laboral.
“Hoy la ley obliga a los integrantes de las órdenes y congregaciones de cualquier religión a denunciar a los pederastas. Nunca más deben tolerarse acciones que manchen la inocencia de los pequeños y la justicia de la nación”, expresó.
González Morfín recordó que los senadores también prohibieron a los padres o cualquier persona encargada del cuidado de un menor, utilizar castigos físicos o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección.
Además, dijo que se respaldó una reforma para establecer programas de prevención, detección, denuncia y atención a víctimas y sus familiares, de conductas como la privación de derechos, descuido, negligencia, abandono, abuso emocional, físico o sexual, así como del uso de drogas y enervantes o el secuestro.
“Tener mejores leyes es sólo un buen comienzo, pero corresponde ahora a las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajar para que esas leyes se apliquen con firmeza, para que todo aquel que atente contra la integridad de un niño, de una niña o de un adolescente reciba su justo castigo”, agregó.
En su turno, la senadora panista Martha Leticia Sosa Govea destacó que con las conclusiones de los foros regionales se sientan bases sólidas para armonizar el marco jurídico en la protección de los infantes.
Recordó que el contenido del trabajo giró en torno a la prevención y combate de la explotación y abuso sexual de niñas y niños, la protección de los derechos de las víctimas, la promoción de la cooperación nacional e internacional contra este fenómeno y la persecución de todo sujeto involucrado en estos delitos.
Advirtió que el fenómeno es una cadena compleja en la que convergen diversas transgresiones como la explotación, pornografía y grooming, que consistente en acciones deliberadas por parte de adultos para establecer contacto con menores a través de Internet.
Su compañera de bancada, senadora Judith Díaz Delgado dijo que en los foros regionales se promovieron medidas oportunas y eficaces para prevenir lo delitos sexuales contra los menores, la percusión penal de quien los comete y la protección de las víctimas.
Señaló que con el avance tecnológico existen nuevos retos como el acoso cibernético a los infantes provocado por el uso no mediado de Internet y las redes sociales.
Además, “estamos enfrentando una escalada de violencia sin precedentes” y cualquier infante que ha estado expuesto de forma reiterada a este fenómeno tenderá a replicarla en la vida adulta y seguramente nuestros padecimientos actuales, dijo, tienen relación con hechos pasados que no se atendieron en su oportunidad.
En tanto, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Cecilia Landarreche Gómez Morín, señaló que la violencia sexual infantil constituye una de las peores agresiones a los derechos humanos, porque se realiza un triple atentado contra las garantías de los menores.
Consideró que en México es un problema cultural que provoca que un alto porcentaje de estos delitos sea cometido por familiares o personas conocidas, pues se considera al niño como objeto y no como sujeto de derechos.
En su turno, el embajador Alejandro Negrín aseguró que el cumplimiento de las recomendaciones que sobre el tema hizo el Comité de los Derechos del Niño al gobierno mexicano es una agenda para adecuar el marco jurídico al Convenio de Lanzarote para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual de menores.
El director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que es necesario tipificar el delito por la venta de niños con fines de explotación sexual, proteger a las víctimas o testigos en los procesos penales, así como capacitación a funcionarios que tienen vínculos con niños en riesgo de explotación.
Gonzalo Altamirano Dimas, coordinador ejecutivo de la oficina del secretario de Educación Pública, enfatizó que este tipo de agresiones contra la niñez y la adolescencia requieren no sólo nuestro repudio o indignación, sino también medidas eficaces.
A su vez, Richard David Barlow, consejero para Asuntos Políticos y Económicos de la embajada del Reino Unido, manifestó que la violencia sexual contra los infantes es un delito muy grave sea donde sea, por lo que su país respaldará a México y al Consejo de Europa para combatirla con leyes y programas.
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