Número-774
- Comparecen ante comisiones de Hacienda y Justicia 23 candidatos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
- Sancionar a servidores públicos por responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, será atribución del nuevo Tribunal.
Este miércoles comparecieron ante las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, los 21 candidatos propuestos por el Ejecutivo federal para ocupar el cargo de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
Se trata de María Laura Camorlinga Sosa, Irma Cervantes Villarreal, Claudia Lucía Cervera Valeé, Siomar Eline Estrada Cruz, José Napoleón Fillat Martínez, Sergio Flores Navarro, Yazmín Alejandra González Arellanes, Ernesto Christian Grandini Ochoa, María Elda Hernández Bautista y Francisco Javier Marín Sarabia.
Además, de Carlos Enrique Mendoza Ponce, Verónica Nava Ramírez, Mónica Guadalupe Osornio Salazar, Jorge Mario Otero Velderrain, Virginia Pétriz Herrera, Juan Carlos Reyes Torres, Juan Carlos Roa Jacobo, Sara Rocha Mata, Juan Manuel Saldaña Pérez, María del Carmen Tozcano Sánchez y Paola Yaber Coronado.
También comparecieron Pedro Martín Ibarra Aguilera y José Luis Reyes Portillo, quienes fueron propuestos por el Ejecutivo federal como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del TFJFA.
En el encuentro, senadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD abordaron las facultades del Tribunal con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, los alcances de la legislación secundaria en esta materia y las acciones que implementarán los nuevos magistrados para garantizar la vigencia de esta reforma estructural.
A nombre del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Cristina Díaz Salazar recordó que a partir de la aprobación y entrada en vigor de la legislación secundaria, lo que será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá suspender, intervenir o disolver una empresa que ha cometido, a través de sus miembros o representantes, actos de corrupción con servidores públicos.
Martín Orozco Sandoval, senador del Partido Acción Nacional, refirió que se trata la exigencia de una sociedad que presenta “un hartazgo impresionante” sobre este problema y cuestionó si las nuevas facultades para el organismo pueden ayudar a disminuir “esta lacra que tiene el país cargando desde hace varios años”.
El senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, consideró que “una de las mayores apuestas para el Estado mexicano” es la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Tribunal es uno de los cuatro pilares de este mecanismo.
La senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez hizo notar que la ratificación de estos nombramientos tiene una especial importancia, derivada de las atribuciones para imponer las sanciones a los servidores públicos, por las responsabilidades administrativas que ley determine como graves y los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.
Los aspirantes destacaron que el problema de la corrupción ha prevalecido en México a través de su historia y la sociedad se ha visto afectada en sus relaciones con la autoridad porque consideran que se han “distraído muchos recursos” que pudieron ser destinados para abatir la pobreza.
Además, comentaron que el andamiaje jurídico tiene que responder a las expectativas ciudadanas para combatir de manera eficiente este problema.
Enfatizaron la importancia de que en la ley del Sistema Nacional Anticorrupción se fije un procedimiento claro para que el Tribunal pueda --de acuerdo a la valoración de las pruebas y el análisis de los alegatos de las partes-- determinar de manera fundada y motivada la imposición de sanciones a las empresas que participen con algún servidor público en la comisión una falta grave.
Consideraron que “hay focos rojos que deben de ser atendidos” y en este sentido el Sistema tiene que ser preventivo: Además, insistieron en el respeto a los derechos humanos sea el punto de referencia para la impartición de justicia.
Los candidatos también mencionaron que esta reforma es un gran avance, pues de acuerdo a Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 177 países en percepción de corrupción.
Recordaron que derivado de la reforma al artículo 73 de la Constitución, el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.
Además, estará encargado de fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.
También comentaron que con la reforma habrá acciones coordinadas por partes de las autoridades para enfrentar este flagelo.
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