Número-707
- Caso Tlatlaya, fuero militar, feminicidios, sistema penal acusatorio y autonomía de la Suprema Corte, temas que abordaron senadores con aspirante.
- "Tengo mi trayectoria y conciencia limpias”: Gómez Sánchez.
Este miércoles compareció ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, uno de los candidatos propuestos por el Ejecutivo federal para ocupar la vacante del ministro Juan Silva Meza, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los senadores cuestionaron al aspirante sobre el caso Tlatlaya, el fuero militar, los feminicidios en el Estado de México, el sistema penal acusatorio y las medidas para garantizar la autonomía de este órgano constitucional.
En su intervención inicial, Gómez Sánchez dijo que en caso de ser designado como ministro actuará con apego a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y con total transparencia en favor de la promoción y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Tengo mi trayectoria y conciencia limpias, así como las capacidades necesarias para ser un juez constitucional independiente, imparcial, moderno y responsable”, expresó.
Consideró que la resolución de la SCJN para conceder un amparo a cuatro personas para que puedan cultivar, poseer, transportar y consumir mariguana con fines recreativos, “refleja la intención de sus emisores de aportar un criterio de trascendencia que cambie la política pública existente”.
Estimó que se debió ordenar que la autoridad administrativa puede recular el otorgamiento de los permisos de conformidad a ciertos criterios que debía haber establecido la Corte, pero lamentablemente no fueron materia de discusión en el juicio de amparo.
“Una sentencia de esta naturaleza --dijo-- conduce a efectuar cambios en toda la política pública del Estado, que hasta eso pocos días había tenido como premisa fundamental de que el cultivo, preparación y suministro de un estupefaciente se asocia a consecuencias antisociales o antijurídicas, es decir que la producción de marihuana siempre había estado relacionada a un sistema punitivo”.
Dado que lo resuelto por la Primera Sala del más alto tribunal es un caso aislado que aún no tiene el carácter de jurisprudencia, se estima que en los siguientes estudios y consecuentes sentencias no deberá soslayarse lo estipulado en las convenciones en las que México se obligó a adoptar las medidas legislativas y administrativas para limitar exclusivamente la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes para fines médicos y científicos.
Y en particular, agregó, evitar el cultivo ilícito de plantas como cannabis, erradicar aquellas que se cultiven ilegalmente en su territorio y tipificar como delito el cultivo con objeto de producir estupefacientes.
En la ronda de preguntas, la senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez señaló que la experiencia de Gómez Sánchez en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) “está manchada por temas como los feminicidios y particularmente cuestionado por los hechos ocurrido en Tlatlaya”.
Además, manifestó su preocupación por “los fuertes vínculos” del aspirante con la actual Administración Pública Federal, especialmente con el Consejero Jurídico de la Presidencia, por lo que cuestionó: “¿Se considera usted realmente libre de un conflicto de interés para ejercer la función de ministro de la Corte con estos antecedentes?
Por el Grupo Parlamentario del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes dijo que para ocupar el cargo de ministro de la SCJN se requiere independencia para ser un contrapeso efectivo del Poder, además de capacidades técnicas para realizar este trabajo, y la hoja de vida del candidato “muestra un abogado eficiente y talentoso, pero siempre al servicio del Poder”.
De la misma fracción parlamentaria, Angélica de la Peña Gómez solicitó la posición del candidato sobre el cumplimiento de sentencias relativas al fuero militar, como las emitidas en el caso Rosendo Radilla Pacheco. Además, preguntó el punto de vista de candidato respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la nación sobre el caso de la periodista Carmen Aristegui y su conflicto con la empresa MVS.
A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez expresó que el caso de la violencia en contra de las mujeres que se registra en el Estado de México “es serio”. De llegar a la SCJN, ¿de qué manera su experiencia como Procurador de la entidad puede ayudar a generar nuevas políticas judiciales para combatir este problema?, cuestionó.
El senador Raúl Gracia Guzmán, también del PAN, consideró que la capacidad jurídica de Alejandro Gómez Sánchez quedó demostrada, pero se sumó a las peticiones para justificar su candidatura, a pesar de casos como el de Tlatlaya: ¿Por qué usted ayudará a la mejor conformación de la Corte, va a ser imparcial y coadyuvará a la unidad del país si lo desinamos como ministro?
En tanto, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que el contenido, interpretación y alcances de la reforma constitucional justicia penal, no pueden ser disociados, en lo absuelto, a las enmiendas en materia de amparo y derechos humanos.
¿Cómo habrá de interactuar la aplicación de estas reformas para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos en México? ¿Considera que el sistema penal acusatorio es capaz de descuidar los derechos humanos de las víctimas?, preguntó.
Su compañero de bancada, senador Enrique Burgos García, quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció la trayectoria y conocimiento de Gómez Sánchez.
La senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, aseveró que “es imposible” soslayar el caso Tlatlaya y los feminicidios sin resolver en el Estado de México con la figura de Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
En sus respuestas, el aspirante dijo que con base en la información que recabó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la investigación de la PGJEM se ejerció acción penal en contra de siete elementos de la Policía Ministerial por el delito de tortura y en contra de un agente del Ministerio Público por abuso de autoridad.
Afirmó que la “actuación que tuvieron los elementos militares en todo caso es materia de la investigación federal por tratarse de servidores públicos del orden federal, en ejercicio de facultades federales” y que la Procuraduría de Justicia de la entidad actuó consecuentemente en auxilio del Ministerio Público de la Federación, en los términos que estable la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Añadió que los hechos, evidencias, declaraciones y todo lo que conforma la carpeta de investigación está en manos de la autoridad judicial, quien ya se pronunció en el sentido de que “hay datos de prueba suficientes para establecer que el hecho delictivo pudo haber ocurrido en términos de lo que dice la Constitución, y datos de prueba suficientes que identifican a quien pudo haber participado en su comisión”.
Reiteró que se encuentra “libre de conflicto de interés” para ejercer el cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la garantía para actuar con independencia “lo da la ley y el análisis que lleva cabo el Senado de la República” sobre cada uno de los candidatos.
“Nunca --enfatizó-- he recibido, afortunadamente, ninguna instrucción de algún superior jerárquico, ni del Gobernador ni del Presidente de la República, para actuar contrario al derecho”.
Además, mencionó que es necesario que subsista “el fuero de guerra para las faltas directamente relacionadas con la disciplina militar”, por lo que “tratándose de una relación jurídica en donde exista una persona que no es militar el fuero tiene que ser el de la justicia ordinaria”, pero cuando los delitos no afecten la disciplina militar, pero estén involucrados militares el caso debe ser también de la justicia ordinaria.
Negó que las Fuerza Armadas puedan desplazar a la policía en las funciones de seguridad pública, y su participación “debemos de verla como algo extraordinario, como algo que tarde o temprano tendría que terminar”.
Lo ideal, enfatizó, es que las Fuerzas Armadas permanezcan en sus cuarteles para los efectos de la defensa exterior, seguridad interior, protección civil y ayuda en caso de desastres.
Sobre el tema de Carmen Aristegui asentó: “sí veo con claridad que MVS es una empresa que puede resultar como autoridad responsable en términos de la nueva Ley de Amparo, porque el servicio de telecomunicaciones y el servicio de radiocomunicación son servicios públicos de interés general”.
Respecto a la violencia en contra de las mujeres, Alejandro Jaime Gómez Sánchez dijo que poco a poco se tienen que emitir “ejecutorias” que vayan marcando con toda puntualidad el tipo de diligencias que tienen que llevarse a cabo respecto de los delitos en materia de violencia de género.
Consideró que la resolución del Poder Judicial que obliga al gobierno del Estado de México a pedir una disculpa pública por los feminicidios que se han registrado se tiene que acatar, porque permitirá fortalecer las políticas de prevención.
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