Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-702

  • Se suspenderá la entrega de equipos receptores, decodificadores y de televisores digitales en los estados en donde haya elecciones.
  • No se pospone el apagón analógico; se da una prórroga a televisoras públicas y educativas que no pudieron hacer la transición.

La Cámara de Senadores aprobó --en lo general y el párrafo noveno del artículo décimo noveno transitorio y los transitorios primero y segundo-- con 70 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el decreto por el que se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2016, para que los permisionarios o concesionarios de radiodifusión de uso público y social, incluyendo los comunitarios e indígenas, puedan concretar la transición digital.
Los medios públicos que no estén en posibilidad de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, con antelación a esa fecha, deberán informar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que les autorice la suspensión temporal de transmisiones, y con ello evitar las sanciones respectivas y la consecuente revocación del permiso o concesión.
En el dictamen se establece que el IFT deberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público, de interés general en las áreas respectivas, en tanto se inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración establecidos.
Los titulares de las estaciones, agrega, deberán realizar las inversiones e instalaciones necesarias conforme a los plazos previstos en el programa. En ningún caso las acciones derivadas de este programa excederán al 31 de diciembre de 2016.
A propuesta del senador César Octavio Pedroza Gaitán se modificó el artículo tercero transitorio para agregar que los gobiernos federal y de las entidades federativas y municipios suspenderán la distribución o sustitución de equipos receptores, decodificadores, así como los programas de entrega de televisores digitales que realice en aquellas entidades federativas en las que se verifiquen procesos electorales durante 2016.
Además, precisó que la entrega, distribución o sustitución de equipos receptores, decodificadores, o televisores digitales, en contravención a lo dispuesto en este artículo, será sancionado en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La modificación a este artículo fue aprobada por 65 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.
Al presentar el dictamen, el senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, resaltó que se agregó una prohibición para que en la época electoral se suspenda la entrega de televisiones digitales, decodificadores o la sustitución de equipos por parte de los gobiernos como parte de los programas sociales que tienen a su cargo.
Esto, con la finalidad de evitar “un lucro político excesivo, distinto al apoyo para los hogares de escasos recursos que requieren este tipo de entrega” en las entidades federativas en las que se verifiquen procesos electorales durante 2016. El Instituto Nacional Electoral verificará el cumplimiento de esta disposición y aplicará, en su caso, las sanciones correspondientes.
Asimismo, advirtió que no se modifican la fecha establecida para el apagón analógico, 31 de diciembre de 2015, ni las facultades del IFT respecto a la regulación, supervisión, vigilancia o sanción, respecto de los concesionarios de radio y televisión o de telecomunicaciones.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Zoé Robledo Aburto, advirtió en el dictamen que se prevé que sea hasta el 31 de diciembre de 2016 el plazo para la convivencia entre baja potencia y las transmisiones digitales, y no que se suspendiera la transmisión de la señal de las televisoras públicas, pues habría un perjuicio en su contra y de las audiencias.
Advirtió que el apagón analógico continúa en sus términos constitucionales y no hay prórroga. “No se le da concesión, ni somos tapadera de los gobernadores y gobierno estatales que no hicieron sus inversiones esperando que el Presupuesto de Egresos de la Federación los salvara”, aseguró.
Al pronunciarse en contra, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, criticó la integración del dictamen porque está orientado a proteger los intereses de las televisoras y, y no las radios comunitarias, que “casi las desaparecen” en la reforma.
Reprochó que en la exposición de motivos del dictamen se dé una explicación sobre los requerimientos para los medios públicos como el Canal del Congreso y radios indígenas, pero en el contenido de la Ley entran las empresas privadas. “No se puede usar un argumento social, para beneficiar a los medios privados”, dijo.
A favor del dictamen, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza rechazó que se esté tratando de salvar a gobiernos o gobernadores irresponsables que no cumplieron con el plazo establecido aun cuando había una fecha para la transición de la señal análoga a la digital.
“La reforma garantiza los derechos de las audiencias y los concesionarios. De esta forma se está dando un paso muy importante para mantener la comunicación tan necesaria en nuestro país”, sostuvo.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna dijo que esta reforma busca beneficiar a los concesionarios que no realizaron las inversiones necesarias para cumplir con la ley, “surge de un contexto de intensas presiones y cabildeos de las televisoras más importantes del país y de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, para postergar el apagón analógico”.
Los principales beneficiarios de esta iniciativa no serán los medios públicos, sino el duopolio televisivo, ya que el 93.27 por ciento de las concesiones de estaciones complementarias pertenecen a Televisa y TV Azteca, y sólo 61 estaciones son permisionarios de medios públicos, aseguró la legisladora.
El senador del Grupo Parlamentario del PRI, Raúl Aarón Pozos Lanz, a favor del decreto, indicó que a partir de esta nueva arquitectura jurídica, con nuevas formas de regulación y competencia, se podrá dar a los mexicanos la oportunidad de tener acceso con certidumbre y libertad en materia de telecomunicaciones, para que tengan un mejor servicio.
Esta reforma, explicó tiene una profunda esencia social, ya que permite llevarle a las comunidades más apartadas y marginadas, la oportunidad de tener acceso a Internet y el cúmulo de información que puede y debe desarrollar las habilidades de sus niñas y niños.
El senador del Grupo Parlamentario del PAN, Javier Corral Jurado, dijo que nadie se llame a engaño, pues se trata de un dictamen que tiene “cambios cosméticos”, los cuales son más engañosos que los que tenía la iniciativa original y que pretenden favorecer intereses privados que no tienen derecho a ser excepcionados del cumplimiento de su responsabilidad de inversión, y por supuesto, de la sanción correspondiente.
Opinó que este proyecto nació para beneficiar a dos empresas de televisión comercial y exentarlas de sanciones por el incumplimiento de inversiones para la digitalización de estaciones complementarias de radiodifusión comercial, “cuya concesión está mayoritariamente en manos del duopolio de la televisión”.
A favor del dictamen, el senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM, dijo que aún hay quienes siguen sin aceptar los argumentos ni están dispuestos a razonar sobre la conveniencia de lo que hoy se debate.
Negó que no se apoyará el fortalecimiento de los medios públicos en la reforma de telecomunicaciones; es totalmente falso, hoy tenemos un Sistema de Radiodifusión Mexicano más fuerte, que tiene más cobertura y que llega a más población, apuntó.
El senador Luis Sánchez Jiménez, del PRD, destacó que de aprobarse esta reforma, el beneficio para las televisoras públicas y sociales repercutirá indebidamente en favor de las televisoras privadas, que han venido incumpliendo todos los plazos establecidos. Se rescata a las televisoras complementarias, no va solamente a las televisoras chiquitas, lo cual, dijo es una desgracia.
Además, subrayó la obligación de las concesionarias para dar servicio de televisión a todos, pobres y ricos, “esto tiene tufo a negocio, a conflicto de interés” y por eso señaló, votará en contra del dictamen.
La senadora del PRI, Lilia Merodio Reza, resaltó que hay 325 estaciones analógicas complementarias de baja potencia que no han solicitado autorización para transmitir en señal digital y 33 permisionarios que no han transitado en la televisión digital terrestre por falta de recursos. Estas dificultades, advirtió, no son cosa menor y requieren de acciones urgentes para solucionarse.
No obstante, precisó que México puede sentirse orgulloso de lograr una transición digital exitosa, “en 2016 seremos un país más de la OCDE que ofrecerá a su población una televisión de mayor calidad. El gobierno Federal cumplió con la digitalización de los medios públicos federales, hoy 9 de cada 10 mexicanos tienen acceso a una televisión gratuita de calidad y alta definición, y a una oferta mayor de canales de televisión y programación.
La senadora independiente, Martha Tagle Martínez, dijo que se debe priorizar el bien social, pero en el dictamen queda claro que se protege a las televisoras privadas y se disfraza con el apoyo a permisionarios públicos y sociales, respaldando así, intereses privados por encima del interés público.
Por su parte el senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que de prorrogar un año más las inversiones que garanticen el acceso al apagón analógico, la televisión digital y todos los instrumentos de información y la comunicación, va a dar un cheque en blanco para continuar profundizando la desigualdad en el desarrollo del país.
El senador del Grupo Parlamentario del PT, Marco Antonio Blásquez Salinas, aseguró que con esta ley se están utilizando a las concesiones públicas para beneficiar a los privados, pues se está forjando una reforma “medrosa y de condolencia falsa, que revierte el logro de una cancha digital que se había prometido”.
El también senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo manifestó que la reforma está encaminada para que las concesiones públicas no pierdan su señal, “porque con esta legislación buscamos la manera de proteger los intereses de quienes menos tienen”.
Para la senadora del PRI, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, el tiempo dará la razón o la negará en el tema del apagón analógico y aseguró que este dictamen es en beneficio de la ciudadanía.
Finalmente, el senador Mario Delgado Carrillo manifestó que este proyecto pretende proteger los intereses de los grupos fácticos en México, mediante la postergación del apagón analógico.
El dictamen que reforma el artículo décimo noveno transitorio del Decreto por el que se expiden las Leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado el 14 de julio de 2014, fue turnada a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

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