Número-701
- Diversas voces ciudadanas, legislativas y expertos urbanistas se manifiestan en contra.
- La privatización de la vía pública resta rectoría al gobierno, advierten especialistas.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aseveró que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, tiene que escuchar a las voces que se oponen a la construcción del Corredor Cultural Chapultepec.
Durante el debate sobre el corredor cultural Chapultepec-Zona Rosa, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que el Gobierno del Distrito Federal debe de abrir un nuevo proceso, auténtico, participativo y transparente; que tome en cuenta los derechos humanos de la persona, a quien se le deben garantizar las mejores condiciones y el goce de todos sus derechos.
Alejandro Hernández Gálvez, director Editorial de Arquine, aseveró que el proceso del proyecto Corredor Chapultepec no fue transparente, se basa en un desprecio por la vida en la calle, y dijo que el hecho de construir un centro comercial no significa estar construyendo ciudadanía.
Este proyecto no beneficia a la ciudadanía, la ciudad no va a invertir ningún recurso; aunque el suelo es el bien más caro, el espacio se presenta como un terreno, en un procedimiento que genera suspicacia, añadió. Además, el proyecto debe pasar por la Asamblea Legislativa y demostrar que cuenta con un interés público como escuelas, parques, bibliotecas u hospitales, y no centros comerciales.
Por su parte, el arquitecto Axel Araño Díaz de la Serna, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), calificó el debate sobre el Proyecto Chapultepec como un hecho histórico, pues voces del ámbito legislativo, abogados, urbanistas, activistas de derechos humanos se han reunido en contra de la forma en que se pretende llevar a cabo.
“La población se siente engañada por la autoridad cuando le dice que subir a un paseo siete metros y volverlos a bajar consiste un atajo. El Estado no se puede permitir jugar con el lenguaje” en la creencia de que se podrá mentir a los ciudadanos.
En ello coincidió el constitucionalista Ismael Reyes Retana Tello, quien rechazó cualquier justificación a este procedimiento: “Hace poco entrevistaron a Simón Levy --director de ProCDMX-- quien señaló que esta cosa de privatizar calles ya se ha hecho, y puso como ejemplo los segundos pisos, pero que se hayan privatizado áreas públicas anteriormente no quiere decir que esté bien. Las ilegalidades no causan jurisprudencia, si haces muchas veces una cosa mal, no se va a convertir en una cosa buena”.
Otra gravedad, abundó, es la afectación al Acueducto de Chapultepec, patrimonio histórico y cultural, protegido por la ley, razón por la cual el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha colocado en su página oficial un comunicado en el que aclara que no ha otorgado permiso alguno para construir en su entorno, con lo cual desmiente a Simón Levy que dice contar con todos los permisos.
Fidel López García, consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió por su parte que el Corredor Chapultepec se inscribe dentro de la construcción del nuevo escenario de modelo de ciudad que se elabora en la Asamblea Legislativa, lo que “debe preocuparnos al extremo de la alarma, pues de realizarse esta obra se demeritará la vida colectiva y debilitará nuestra capacidad ciudadana”.
Cuestionó la postura del Gobierno del Distrito Federal, pues lo que llamó esta privatización elimina sus capacidades y responsabilidad constitucionales, en la rectoría de los procesos de regeneración urbana.
“El espacio público genera ciudadanía, el espacio privado nos convierte en consumidores”, acusó, y recordó que la obligación de la autoridad es conceder a la población una vida digna y evitar cualquier tipo de discriminación; además, refrendó que el Corredor Chapultepec conllevará a la exclusión social.
