Número-691
- Este martes asistió Norma Lucía Piña Hernández; el debate sobre la legalización de la marihuana debe ser democrático, señala.
- Indica que la regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública debe ser determinada por el Legislativo.
La aspirante a ocupar una de las dos vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, compareció ante integrantes de la Comisión de Justicia, quienes la cuestionaron sobre la legalización del uso de la marihuana, participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, crisis de derechos humanos, rendición de cuentas, candidaturas independientes, tortura, entre otros temas.
El presidente de este órgano legislativo, senador Fernando Yunes Márquez, le preguntó si el Tribunal Constitucional debe ser el intérprete supremo de la Constitución o lo puede hacer también cualquier juez del ámbito local y qué pautas interpretativas puede fijar la Corte en esta materia.
En su turno, la senadora independiente, Martha Tagle Martínez, preguntó a la aspirante cuál es su postura respecto a la legalización del uso de la marihuana y sobre la aplicación de la eutanasia en el país, y hasta qué punto el derecho de la vida prevalece sobre el derecho a la dignidad humana.
Asimismo, la cuestionó sobre el recurso de revisión que interpuso el Consejero Jurídico del Ejecutivo federal contra una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ordena a la Presidencia de la República entregar información clasificada como reservada en materia de seguridad nacional, y sobre el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.
El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Benjamín Robles Montoya, aseguró que el Poder Judicial es menos abierto al escrutinio de la sociedad, por lo que le preguntó que si de ser elegida estaría de acuerdo en que se explorara algún mecanismo de control para que rinda cuentas.
Su compañera de bancada, la senadora Dolores Padierna Luna cuestionó a la compareciente sobre la forma en que han actuado algunos congresos locales en relación a las candidaturas independientes, y si son válidos los candados que se han impuesto en algunos estados para esta forma de participación.
A su vez, el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN, preguntó sobre si las resoluciones de la SCJN, respecto a temas como la legalización de la marihuana, aborto, eutanasia o matrimonios del mismo sexo, reflejan la idiosincrasia, cultura y valores de los mexicanos o la Corte está tomando decisiones divergentes a ellos.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Jesús Casillas Romero dijo que en los últimos años México ha suscrito una cantidad importante de tratados internacionales y aprobado reformas importantes en materia de derechos humanos, por lo que pidió su opinión sobre la contradicción que puede haber entre disposiciones constitucionales y las contenidas en instrumentos internacionales.
También del PRI, la senadora Cristina Díaz Salazar pidió el punto de vista de la magistrada sobre la contradicción de tesis sobre la jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado en materia de derechos humanos.
En su oportunidad, la senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, cuestionó a Piña Hernández sobre el criterio que debe prevalecer cuando la Constitución Política restringe un derecho que sea incompatible con algún convenio internacional de derechos humanos.
Del mismo modo, pidió su opinión sobre los señalamientos que organismos internacionales han hecho al Estado mexicano por la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, y de qué manera puede la Corte ayudar a superarla.
En las preguntas enviadas por organizaciones de la sociedad civil, se cuestionó a la candidata sobre el criterio del Comité Contra la Tortura de la ONU, que sostiene que este delito es una práctica generalizada y sistemática en México, particularmente para la obtención de confesiones.
Al responder a los cuestionamientos de los legisladores, Norma Lucía Piña Hernández señaló que el debate sobre la despenalización del uso de la marihuana debe ser objeto de mayor información, a efecto de que se genere una discusión democrática a través de los representantes que fueron elegidos para este fin.
En cuanto a la eutanasia activa, comentó que en este tipo de asuntos entran en conflicto dos valores: el de la vida y la dignidad de las personas, los cuales deben ponderarse tomado en cuenta diversa información para determinar una resolución.
Mencionó que en ese tema no pude hablarse de valores absolutos, pues esta posición estará en función de los criterios y posiciones que cada persona adopte.
Dijo no estar de acuerdo en que el Legislativo supervise el trabajo del Judicial, porque se vulneraría el principio de independencia. En su opinión, los jueces legitiman su labor ante la sociedad cuando justifican debidamente sus sentencias.
Además, agregó, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano establecido para sancionar las actuaciones irregulares de jueces y magistrados.
En otro tema, coincidió con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en no someter a consulta popular la reforma energética, pues se trató de un tema relacionado con los ingresos de la Federación.
Sobre las resoluciones en temas como la legalización de la marihuana, aborto, eutanasia o matrimonios del mismo sexo, Piña Hernández afirmó que la función principal de la Corte es proteger los derechos de las minorías.
Expresó que el criterio del Comité contra la Tortura de la ONU se sustentó en estadísticas y el uso de documentos, por lo que “no puedo cuestionar los resultados del Comité, no puedo opinar si es verídico o no”; sin embargo, consideró que “se están llevando a cabo diversas políticas y estrategias para tratar de corregir esa situación”.
Manifestó que el límite para reservar información referente a seguridad nacional tiene sus límites jurídicos cuando se trata de violaciones graves de garantías.
En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad nacional, precisó que su regulación es “una cuestión que tiene que ser determinada por el Poder Legislativo”.
Dejó en claro que cuando algún tratado internacional establezca algún derecho restringido por la Constitución debe prevalecer el criterio establecido en la Carta Magna.
La aspirante consideró que si hay una percepción internacional generalizada sobre una crisis de derechos humanos, lo que se tiene que hacer es establecer estrategias para “erradicar este tipo de violaciones y no tanto justificar si hay o no hay” una crisis al respecto.
Consideró que no es factible que algunos congresos locales legislen, a través de los candados, para evitar las candidaturas independientes; “no estaría de acuerdo con ese tipo de candados”, atajó.
-0-0-0-
