Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-656

  • Políticas públicas erróneas han colocado a los campesinos en pobreza extrema.
  • Necesario reconocer al campo como sector estratégico.

El senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, propuso reformar las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y de Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de facultar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para establecer precios de garantía que aseguren el pago justo de sus productos a los pequeños productores.
Desde la máxima tribuna, el legislador aseguró que la implantación de políticas públicas erróneas ha llevado a los campesinos a ser parte de una pobreza extrema que ha crecido en las últimas cinco décadas y ha dejado a los campesinos en un estado de supervivencia.
El legislador explicó que el campo es un sector estratégico para México, una palanca de desarrollo nacional que a su vez, ofrece trabajo y que debería asegurar la soberanía alimentaria, sin embargo, “las políticas públicas implementadas por el gobierno en los últimos años no han sido las correctas, muestra de ello es que se importan la mayoría de los alimentos que se consumen en el país”.
Por ello, precisó la necesidad de cambiar la manera de ejecutar las políticas y programas públicos, a fin de que se implementen precios de garantías, en beneficio de los productores rurales, con lo que se otorgará una certeza económica al sector al vender sus cosechas.
Los precios de garantía explicó el legislador, son los que orientan y promueven la producción en el corto plazo de aquellos productos sobre los que se aplican; con ellos se fortalecerá el campo mexicano, se crearán nuevos empleos y se garantizará la seguridad y soberanía alimentaria y por supuesto serán una palanca de desarrollo.
La protección de los productores rurales mediante los precios de garantía, argumentó, tiene como objetivo ofrecer certeza para que al momento de comercializar sus productos reciban un pago justo por su cosecha, es decir “que obtengan un ingreso por tonelada no menor al precio de inversión”.
La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.

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