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A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con opinión de la Comisión de Protección Civil, fue turnado un puno de acuerdo del senador Francisco García Lizardi que presentó a nombre propio y de los senadores del Partido Movimiento Ciudadano, sobre el proyecto minero “Caballo Blanco”, en Veracruz.
El acuerdo exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a las dependencias y entidades de la administración pública federal, relacionadas con el proyecto minero “Caballo Blanco” para que implementen medidas legales, reglamentarias y normativas para reevaluar las condiciones del proyecto en su fase de exploración para evitar pasar a la fase de explotación.
Además, cita a comparecer ante las comisiones de Energía, Medio Ambiente y Protección Civil a los titulares de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, para que informen sobre la situación que guarda el proyecto minero, así como la evaluación de riesgo que significa su cercanía con la Nucleoeléctrica Laguna Verde.
El senador García Lizardi expresó que se han iniciado trabajos de exploración del proyecto minero “Caballo Blanco” emprendido por la empresa canadiense Gold Group a través de Minera Cardel, S. A., de C. V.
Especificó que según datos de la empresa, se estima que tendrá una producción anual de 100 mil onzas de oro a partir de 2012, y un ingreso por más de mil millones de dólares.
“No obstante las bondades que este proyecto tiene a primera vista, la empresa canadiense se instalará en el estado con las consideraciones que deben ser valoradas, antes de que continúe con la fase de exploración y peor aún, se inicien los trabajos de explotación de dicha mina de oro”, afirmó el legislador
Ello, por la cercanía del terreno concesionado con la planta nucleoeléctrica Laguna Verde ya que plantea un alto riesgo, pues la minería a cielo abierto requiere constantemente del uso de explosivos.
Precisó que los trabajos que se han iniciado en la fase de exploración, y en su caso, los que se llegaran a realizar en su fase de explotación contravienen el marco regulador adoptado y establecido por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia.
Por otra parte, los trabajos realizados están teniendo un fuerte impacto negativo en el rico y variado ecosistema de la zona.
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