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La Cámara de Senadores solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, verificar el cumplimiento de las condicionantes impuestas en materia de impacto ambiental y realizar visitas de inspección a los desarrollos turístico-habitacionales Palmares de Chacalilla y Marina Chacala, en Compostela, Nayarit.
Deberá informar del resultado de las inspecciones y de ser necesario, presentar querellas ante el Ministerio Público Federal, por la posible comisión de delitos contra el ambiente y gestión ambiental.
Además, la dependencia deberá enviar un informe completo del estado de los procedimientos administrativos y legales que ha seguido desde 1993 a la fecha, en el caso de los desarrollos turístico-habitacionales.
A su vez, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, presentará un informe cronológico de los procedimientos en materia de impacto ambiental que han seguido los desarrollos.
En tanto, al gobierno de Nayarit le requirieron un reporte de las operaciones de venta de terrenos ubicados en las playas Chacala y Chacalilla, realizadas por el Fideicomiso Bahía de Banderas a la empresa Promotora Chacala S.A. de C.V. para la construcción de los desarrollos.
En última instancia, el Senado pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que investigue la presunta violación a los derechos humanos de los habitantes de la zona costera de Chacala y Chacalilla, por oponerse a la construcción de un desarrollo turístico–habitacional en dichas zonas, e informe del resultado.
Por su parte, el senador perredista Francisco Javier Castellón Fonseca, señaló que el acuerdo presentado en 2010 aún tiene vigencia, ya que una franja de playa “de las más hermosas que hay en el país y paradisíacas, fue vendida a un consorcio empresarial para el desarrollo turístico, a partir de nuestra visión, de una manera irregular”.
Los propietarios de terrenos o ejidatarios de esas playas denunciaron la manera arbitraria como se vendieron los terrenos, sin cubrir con los requisitos de ley en términos de impacto ambiental, en términos de la legalización de los terrenos.
Incluso generado a partir de acciones arbitrarias que el gobierno de Nayarit hizo hace algunos años a través de la colocación de mallas ciclónicas a lo largo de esos terrenos, y evitando que habitantes de la zona de Chacala pudieran ingresar a los terrenos que en ese momento todavía eran suyos.
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