Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-624

  • También establece que se sancionará administrativamente a los servidores públicos que incumplan con la emisión oportuna de las reglas de operación.
  • Dijo que a partir de la discrecionalidad se consolidan las condiciones necesarias para que impere la corrupción y el uso político o partidista.

El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Benjamín Robles Montoya, propuso una iniciativa al Pleno del Senado para que sean los municipios los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo a las reglas de operación que emita el Ejecutivo Federal.
Mediante la adición al artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, también plantea que se sancionará administrativamente a los servidores públicos, en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables a los funcionarios que incumplan con la obligación de emitir oportunamente las reglas de operación de los programas sociales.
El senador Robles Montoya explicó que quedarían exentos los programas expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.
La iniciativa tiene la finalidad de terminar con la opacidad en el manejo de los programas sociales, porque es un problema que repercute de manera grave y directa en la capacidad del Estado Mexicano para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos, subrayó el legislador.
Dijo que a partir de la discrecionalidad del manejo de los recursos públicos, de la nula existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, se consolidan las condiciones necesarias para que impere la corrupción y el uso político o partidista en la aplicación de los programas sociales.
Explicó, ante el Pleno, que el Constitucionalismo Social, del cual México es referente mundial, a partir de la Constitución de 1917, establece que los derechos sociales de los mexicanos no responden a visiones programáticas o plataformas políticas.
Es decir, no pueden estar sujetos al arbitrio de la administración en turno, ni ser objeto de cálculo político alguno. Los derechos sociales son, ante todo, y así lo avala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos de carácter normativo.
La iniciativa del senador Benjamín Robles Montoya, para adicionar el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social fue turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para su análisis.

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