Número-571
- Plantea una reforma a la Constitución para facultar al Senado para designar y remover a los fiscales especializados.
- El Estado no toma con seriedad los riesgos del oficio periodístico, asegura.
El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT, propuso modificar el artículo 102 de la Constitución Política con el propósito de crear la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión.
Además, plantea facultar al Senado para designar y remover a los fiscales especializados con el voto de las dos terceras partes, y que el Fiscal General pueda solicitar al Senado de la República, por causa justificada, la remoción de dichos funcionarios, la cual se decidirá por el mismo voto calificado.
Desde la tribuna, el legislador expresó que las agresiones que se cometen en contra del gremio periodístico son una realidad triste y lamentable.
Se ha hecho costumbre que tras el atentado a un periodista se desata una cortina de humo, se publican versiones en medios de difusión, y se manifiestan “condolencias hipócritas” a la tristeza y padecimiento de sus deudos, pero después todo vuelve al estado normal, “a la impunidad lamentable y cínica de parte de las autoridades”, destacó.
El senador resaltó el caso conocido como “el múltiple homicidio de la Narvarte”, en el que se tenía la esperanza de que, al tratarse de una Procuraduría distinta a la de la entidad de donde procedía Rubén, prácticamente en calidad de refugiado, se realizaría una investigación seria.
El expediente, agregó, cayó en la Ciudad de México donde gobierna un abogado constitucionalista, pero que aún sigue impune y donde lejos de investigar a los asesinos, se investiga a las víctimas.
No obstante, dijo, las personas involucradas en dicho caso, dejaron documentos, testimonios y videos a sus familias en donde señalan que si algo les llegara a ocurrir por el ejercicio de su profesión y no por su vida privada, harían responsables específicamente al gobernador de Veracruz, “que por cierto sigue impune”.
El Estado no toma con seriedad los riesgos del oficio periodístico, el Estado mexicano se suma a las filas de auto flageladores de la edad media que se lastiman a sí mismo para llamar la atención cuando viene el asesinato de un periodista y al paso de las semanas se olvida y se pasa al siguiente tema.
En este contexto, el senador Blásquez Salinas subrayó que la reforma a los derechos humanos --los de tercera generación-- dejó pendiente el tema, motivo por el que periodistas y activistas de derechos humanos pueden ser asesinados, por consigna o mandato, ante total impunidad.
Advirtió que se distrae la atención creando una Fiscalía Especializada que rara vez ejerce la facultad de atracción, pero que, cuando vienen los momentos difíciles, al estar ligada y depender burocrática y administrativamente de la Procuraduría General de la República, entonces no funciona.
Destacó de último momento se arrancó del dictamen el punto donde se le daba la facultad de absoluta independencia y autonomía a la investigación a esta Fiscalía, por lo que pidió devolver al debate nacional el punto extraído del documento.
La libertad de expresión, añadió, oxigena a la sociedad al multiplicar todo tipo de datos y opiniones, por lo que se convierte en un bien jurídico que ha de ser protegido a toda costa y para lo cual, es imprescindible que las instituciones de procuración de justicia hagan efectiva la disuasión contenida en los tipos penales que garantizan dicho derecho.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su dictaminación.
