Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-573

  • Hipótesis refieren que las escuelas se han convertido en cajas de resonancia de la violencia en el contexto familiar y social, advierten senadores.
  • Estudiantes de primaria y secundaria ejercen bullying por cualquier característica física e incluso enfermedad.

El Senado de la República avaló reformas a los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, a fin de conceder facultades al Sistema Nacional de Salud para la creación de programas de atención integral para la atención de víctimas y victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación con las autoridades educativas.
Con este propósito, las autoridades sanitarias deberán determinar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que precisen los mecanismos de atención a las víctimas y victimarios del acoso o violencia escolar, establece el dictamen remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
La presidenta de la Comisión de Salud, Maki Esther Ortiz Domínguez, destacó la urgencia de eliminar el acoso escolar e infantil a fin de poder formar ciudadanos más sanos y, de esta forma, eliminar vicios de violencia en la sociedad.
Ello, al fundamentar el dictamen ante el Pleno, en el que se destaca que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) colocó a México en primer lugar internacional de casos de acoso escolar o bullying en educación básica, con una afectación a más de 18.5 millones de alumnos de primaria y secundaria, en escuelas tanto públicas como y privadas.
La Secretaría de Salud reportó, por su parte, que se registraron cuatro mil 972 suicidios de niños y adolescentes, más de 59 por ciento vinculados a casos de violencia física, psicológica y cibernética, principalmente en escuelas del Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tabasco.
Además, un estudio realizado en 2009 por UNICEF, reveló que 92 por ciento de niñas, niños y adolescentes, encuestados en México, reportaron haber sufrido algún tipo de violencia escolar por parte de sus compañeros.
En tanto, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) indica que en 2008 se registraron más de 59 mil denuncias de maltrato y se atendieron a más de 68 mil niñas y niños.
La senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, refirió que la violencia se presenta como un fenómeno social mundial; pero en México la preocupación es que ha aumentado entre niños, niñas y adolescentes, por lo cual es urgente implementar acciones para dar atención, tanto a víctimas como a victimarios, y así poder reducir la violencia escolar en el país.
En lo anterior coincidió la senadora Martha Palafox, del Grupo Parlamentario del PT, al puntualizar que pese a las normas gubernamentales emitidas para disminuir las agresiones entre alumnos de primaria y secundaria, estas han ido en aumento, de ahí la necesidad de que se promuevan programas conjuntos entre las autoridades del Sistema Nacional de Salud y las de educación.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, advirtió que la gravedad del acoso escolar es un gran desafío, pues las hipótesis refieren que las escuelas son cajas de resonancia de la violencia que se registra en el contexto familiar y social, por lo que promover la cultura de la paz en la violencia es dar respuesta y atención a los problemas derivados de la injusticia social y pobreza.
En tanto, Francisco Salvador López Brito, senador del Grupo Parlamentario del PAN, hizo énfasis en que se requiere una atención integral a este fenómeno social, pues la violencia entre menores se da en forma generalizada, por diversos motivos como apariencia física e incluso porque se es muy inteligente, por lo que se requiere de la acción conjunta de autoridades, padres y maestros.
La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Mariana Gómez del Campo Gurza, expuso que es urgente el trabajo conjunto y coordinador entre autoridades y ciudadanos, pues este fenómeno social registró un incremento considerable entre 2013 y 2014 en entidades como en el Distrito Federal, donde el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal advirtió que la tendencia es hacia un número mayor de denuncias.

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