Número-525
- Senadoras del PRI, PRD y expertos advierten riesgos por privatización y sobreexplotación por uso de tecnologías de alto impacto como el fracking
- Es un tema de seguridad nacional, porque implica garantizar la protección de la salud de la población y sustentabilidad económica de los países
En el Senado de la República se impulsará una iniciativa ciudadana de ley general del agua, elaborada conjuntamente por legisladores, organizaciones sociales y expertos, con el objetivo de garantizar la rectoría del Estado sobre su uso, distribución, y la protección del líquido vital frente a riesgos como privatización y sobreexplotación, especialmente por el uso de tecnologías como el fracking.
Así lo anunciaron la presidenta y secretaria de la Comisión de Cambio Climático, las senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y Luz María Beristain Navarrete, respectivamente, al presidir el II Coloquio Nacional Agua Subterránea en México, que se realizará hasta el 13 de noviembre en el Senado.
La legisladora Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, recordó que en comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó una propuesta del Ejecutivo federal de Ley General del Agua, que contenía “graves problemas” al establecer la privatización del líquido vital para la vida humana, y el desarrollo social y económico de todos los países.
“Tenemos que garantizar el derecho humano al agua para cada uno de los habitantes de este país, es nuestro deber y la razón por la que estamos ejerciendo estas funciones. El agua es para todos, no debe ser privatizada, debe ser asegurada por el gobierno, no quedar en manos de empresas privadas que sólo velen por sus intereses particulares, y no por el interés general y el bien común”, destacó.
En cuanto a los riesgos que representa la explotación petrolera a través del fracking, la senadora Garza Galván explicó que la reserva de gas de lutitas se encuentra en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, la mayoría de ellos con problemas de abasto de agua potable.
Expuso como ejemplo la región nogalera de Coahuila, donde la empresa cervecera Constellation Break pretende ser la más grande del mundo. Actualmente tiene una explotación de 1,250 litros por segundo para la producción de cerveza que se va a ir a Estados Unidos, porque no se consume en México, y ahora quieren llegar a esa zona con el fracking “¿De dónde van a agarrar el agua?”, cuestionó.
Apuntó que si bien en diversos foros se ha propuesto el uso de agua tratada de municipios para la extracción del gas de lutitas, se debe de revisar con atención el tema, pues el problema es el sistema para tratar el líquido. “Mientras no nos digan qué químicos lleva el cóctel (a aplicar al agua), entonces estamos en un grave problema de contaminación, y no habrá agua para los nogales, el ganado, la cerveza, ni para las personas, ese es el problema”.
La legisladora Beristain Navarrete, por su parte, hizo énfasis sobre la importancia de que en el Senado se retome la discusión sobre una nueva Ley General del Agua y confió en que la propuesta ciudadana sea abordada en sesiones durante el primer semestre del 2016.
Aclaró que no se trata de ir en contra de una legislación para contar con un buen aprovechamiento del líquido vital, como lo planteó la propuesta gubernamental, “pero que no sea con tendencias privatizadoras”, subrayó al referir que en Quintana Roo ya se ha entregado la distribución a empresas privadas que realizan un gran negocio con un servicio de primera necesidad, que es responsabilidad del Estado.
Adelantó que en la propuesta ciudadana se ha planteado en principio la creación de una comisión bipartita, conformada por ciudadanos y autoridades de gobierno, a fin de que se atienda la participación ciudadana y el gobierno cumpla con su responsabilidad como rector de un bien que es fundamental para la vida de la población, como es el agua, y que no debe utilizarse con fines meramente mercantilistas.
El director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Felipe Arreguín Cortés, dictó una conferencia magistral en la que advirtió que México enfrenta retos gigantescos en el uso del líquido, particularmente en lo referente a las políticas de explotación del gas y aceite de lutitas.
Ello, refrendó, porque las lutitas en México se encuentran en zonas donde no hay agua suficiente, pero además, las tecnologías de explotación pueden contaminar el agua de consumo, cuando la responsabilidad es la de proteger la salud y bienestar de la población.
“Cada vez hay más problemas de contaminación con arsénico en el agua, y seguimos aún con tecnologías que no garantizan para resolver el problema”, agregó, al referir que es necesario emprender acciones de investigación y desarrollo de tecnologías para atender este problema.
También es necesario desarrollar mecanismos para enfrentar los retos del cambio climático, que ha provocado la elevación del nivel del mar, por lo que el agua salina ha contaminado ya mantos acuíferos, de manera más preocupante en los estados de Yucatán y Tabasco.
El especialista propuso que se conformen nuevas normas para un manejo integral de los acuíferos, así como la extracción de agua para labores mineras, y revisar el ecosistema, “esto es un tema que no puede quedar fuera de la nueva ley”.
De igual forma propuso la regulación del tipo de riego con agua residual y probable contaminación de acuíferos; el uso de agua subterránea salobre y salina; el bombeo de líquido en protección de las reservas para el medio ambiente; el establecimiento de zonas de protección de subsuelo en zonas de recarga; la obligatoriedad de sistemas de niveles de monitoreo; la gestión de sistemas hidrotermales; y el aprovechamiento de los elementos geotérmicos, entre otros.
“La nueva ley debe considerar que el agua es un bien vulnerable y finito, con un valor social y económico importante. Tenemos qué hacer algo, el agua es un elemento estratégico, de desarrollo, por lo que la conservación, preservación, protección, distribución y calidad, es un asunto de seguridad nacional”, concluyó.
En lo anterior coincidió Andrew Stone, integrante del Fondo de Agua Subterránea en América y director de la Asociación Internacional de Hidrólogos, al sugerir que antes de otorgar permisos para el uso de nuevas tecnologías en la explotación de recursos petrolíferos, se hagan valoraciones sobre el impacto ambiental y sobre la calidad del agua, con expertos independientes.
Anotó que en el Congreso mexicano se tiene la responsabilidad de legislar sobre el uso del agua subterránea, pues esta representa la riqueza guardada con la que cuenta para garantizar el bienestar de su población y el desarrollo sustentable tanto en lo ambiental, como en lo social y económico, del país dentro del concierto internacional.
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