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La Cámara de Senadores avaló una minuta que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para consolidar la obligación de considerar como delitos federales los que se consumen en contra de servidores públicos.
El dictamen añade como sujetos pasivos al Presidente de la República, a secretarios de despacho, procurador general de la República, diputados y senadores, ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.
Además, a los integrantes de los consejos de la Judicatura Federal e IFE, así como a los magistrados del Tribunal Electoral, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los miembros de las juntas de gobierno o sus equivalentes de los organismos descentralizados.
Los senadores precisaron que con la reforma se pretende delimitar la competencia del ministerio público sobre la obligación de considerar como delitos federales los que se cometan contra los altos servidores públicos que establece la Constitución.
No se trata, asentaron, “de desestimar la eficacia y capacidad de los gobiernos locales y sus autoridades, sino de fortalecer la procuración y administración de justicia”.
La modificación al Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se aprobó por unanimidad con 76 votos a favor, por lo que se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Desde su escaño, el senador de Acción Nacional, Alejandro González Alcocer, reiteró que este cambio legal resolverá las interpretaciones del Poder Judicial “que no han favorecido a los legisladores”.
Lo anterior, porque se dice que si los funcionarios no están directamente en el desempeño de su encargo entonces no se consideran como delitos federales lo que se cometan en contra de ellos.
También desde su curul, el perredista Pablo Gómez Álvarez aclaró que actualmente los jueces deben decidir la competencia sobre estos delitos y el ministerio público discutir quién debe realizar los actos, por lo que es necesario que después de que se consume la infracción intervenga de inmediato la autoridad ministerial
A su vez, su compañero de bancada Tomás Torres Mercado, consideró que “no hay limitantes para la competencia federal”, por lo que la reforma es innecesaria y la lista para considerar como sujetos pasivos a los altos funcionarios “es incompleta”.
La asamblea también respaldó el dictamen para emitir una moneda de 10 pesos, de cuño corrientes, para conmemorar el 150 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo.
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