Número-503
- En este informe se evidencia una situación de dolor humano, por lo cual debemos adoptar medidas: senadora Gabriela Cuevas.
- Se debe cambiar el enfoque de seguridad para proteger a la población migrante.
En el Senado de la República se presentó el informe final de la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de los derechos humanos de la población migrante hondureña (MIV), donde se expone que la respuesta de los Estados de la región ante el desplazamiento forzado es la aplicación de políticas basadas en un enfoque de seguridad que no atienden el respeto a las garantías de las personas.
La senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, expuso que este informe “evidencia una situación de dolor humano que debe incentivarnos” a tomar medidas para revertirlo.
Agregó que el documento presentado por la MIV no busca ser una simple descripción de la situación migratoria de los hondureños, sino quiere ser una enumeración de propuestas realistas y alcanzables de soluciones, y trascender una política asistencialista para adoptar un enfoque de derechos.
“Nos proponen ampliar nuestros conceptos de protección internacional más allá de la mera condición de asilo-refugio, porque hoy en día en nuestra región la violencia, el hambre, la desintegración estatal son realidades que requiere una protección internacional”, comentó.
Cuevas Barron refirió que el informe “identifica con claridad las políticas públicas que en cada uno de nuestros países están contribuyendo a agravar el problema en lugar de solucionarlo, ya sea el caso de Programa Frontera Sur, en México, o la carencia de recursos materiales que tienen las políticas de atención en Honduras”.
Además, se enumeran aquellas instituciones que no están contribuyendo a una atención humana del fenómeno migratorio y se ofrece un diagnóstico que analiza las relaciones macro sociales, económicas y políticas de la población.
Pilar Trujillo, miembro de la MIV y directora ejecutiva de Project Coinselling Service, explicó que la Misión Internacional de Verificación formuló un conjunto de recomendaciones a los gobiernos de los países de Honduras, Estados Unidos y México.
Además, se pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocer que la situación del triángulo norte de Centroamérica es grave y de carácter humanitario, por lo cual debe solicitarse a los Estados “una acogida basada en el principio de la protección internacional a los derechos humanos”.
En cuanto a las recomendaciones a México, expuso que las autoridades mexicanas deben garantizar el debido proceso para la solicitudes de asilo de las personas migrantes y proporcionar información veraz que explique que durante el proceso de su solicitud no tienen que estar en centros de detención.
Dijo que el gobierno de México debe garantizar a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acceso a los centros de detención de personas migrantes, además de asegurar que las repatriaciones se den en condiciones dignas y seguras.
“No debe detenerse a menores en estaciones migratorias porque esto no respeta el interés superior del niño. Se deben implementar políticas públicas para proteger y sancionar los delitos y violaciones a los derechos humanos de que son víctima la población centroamericana migrante en territorio mexicano, reconociendo su derecho a una adecuada reparación del daño causado”, comentó.
“Hacemos un llamado a transformar el enfoque de seguridad que se está implementando, este enfoque de seguridad debe ser asumido como protección de la ciudadanía, de la población migrante, de las organizaciones defensoras, pedimos que no se siga sumiendo la seguridad como un asunto de represión”, expresó.
En tanto, Lisa Huagaard, miembro de la MIV, señaló que es de suma importancia que los países de tránsito y destino como México y Estados Unidos, estén conscientes de dos hechos: los niños, niñas y adolescentes hondureños están huyendo de situaciones muy difíciles de violencia; y dos, no existen las condiciones mínimas adecuadas para la población que es deportada a Honduras.
Refirió que la población del país centroamericano enfrenta una situación de extrema violencia por parte de las maras y el crimen organizado. Añadió que en 2014 Honduras fue el país con la tasa mayor de homicidios en el mundo, aunado a que la población enfrenta una situación de impunidad, falta de seguridad, de programas sociales y empleo.
Los gobiernos de origen, tránsito o destino no están tomando en serio sus obligaciones para respetar los derechos de migrantes y personas que sólo buscan asilo, “necesitamos una respuesta humana, integral a esta crisis humanitaria”.
Claudia Estefani León, del Colectivo Migraciones para Las Américas (COMPA), refirió que es necesario impulsar políticas integrales de protección al migrante, “la alternativa es hacerlos parte de nuestra sociedad como una respuesta de responsabilidad en los países de origen, tránsito y destino”.
Señaló que las organizaciones de la sociedad civil están profundamente preocupadas porque a los migrantes no se les reconoce como lo que son: personas refugiadas huyendo de contextos graves de violencia, que encuentran como respuesta en su camino agresiones y detenciones.
Por su parte, Amalia García Medina, miembro de la Misión de Verificación Internacional, dijo que el contenido de este informe permitirá que se adopten medidas desde el Poder Legislativo para que los migrantes que cruzan por México tengan mejores condiciones.
Un Estado de derecho y una nación que ha puesto en el centro su compromiso con los derechos humanos, no sólo se debe garantizar la vida, sino a quienes han sufrido al cruzar por nuestro país se les debe garantizar la reparación del daño, comentó.
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