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Ante la situación de violencia que atraviesa el país, las redes sociales se han convertido en medios de comunicación, protección y de advertencia, aseguró el senador Francisco Javier Castellón Fonseca.
Optar por el uso de estos medios no es privativo de nuestro país sino que ha llegado a niveles internacionales, precisó el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Al poner en marcha el foro denominado El papel de Internet en un contexto de violencia en México, el legislador perredista señaló que en algunas regiones donde el crimen organizado ha desbordado a la autoridad, los usuarios utilizan las redes sociales para advertirse a sí mismos.
Sin embargo, hizo notar que tanto el Estado como los delincuentes también hacen uso de esos espacios.
En ese contexto, ya ocurrió que un posteo --publicación en las redes sociales-- se convirtió “a los ojos de los gobernantes en la posibilidad de un delito”, por lo que han comenzado intentar modificar códigos penales para generar “delitos muy raros como el de perturbación del orden público o rumores falsos”, subrayó el legislador por Nayarit.
Castellón Fonseca consideró necesario reflexionar sobre el uso del Internet y su posible regulación, “ante condiciones extrañas para desestimular el uso de las redes sociales o tratar de criminalizar su uso”.
Al hablar acerca de Internet, información y violencia, el jefe de Asuntos Gubernamentales, Política Pública y Responsabilidad Social de Google México, Manuel Tamez puntualizó que la Internet no genera violencia sino que refleja lo que pasa en la sociedad.
Daniel Moreno Chávez, de Animal Político, se mostró convencido de que las redes sociales deben ser una herramienta de comunicación efectiva como forma de ejercicio de un poder democrático y para tapar huecos de información que muchas veces se llenan con imprecisiones.
En tanto, al abordar el tema de las Redes sociales como medio de comunicación ciudadana, Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que en México el Internet ha servido para que los ciudadanos entren y salgan de la cárcel.
Ahora sólo queda esperar la respuesta de la Suprema Corte respecto a la ley que busca coartar la comunicación entre personas, subrayó.
Estimó que el gobierno debe favorecer procesos colectivos de participación y aprendizaje a través de las redes sociales y no censurarlas.
En esta mesa de diálogo, Maruchi Bravo, twittera encarcelada en Veracruz bajo el delito de “terrorismo y sabotaje con la intención de desestabilizar a la entidad”, sin derecho a fianza, comentó su experiencia.
Señaló que las pruebas que sustentaban la acusación en su contra eran endebles “como un contacto en el celular llamado “Uno, que supusieron era el jefe de la mafia”, siendo en realidad el teléfono de los inquilinos del departamento Uno que no habían pagado renta.
Entre otras, esa fue una de las pruebas por la que acusaron a Maruchi a 30 años de prisión sin derecho a fianza.
Relató que unos hombres llegaron a su casa y arrancaron el medidor de la luz y al salir su hija y nieto los golpearon y dijeron que ya no use el Facebook, Twiter o red social porque si lo sigue haciendo los van a matar. “Di de baja mi cuenta de Facebook “.
La obligaron a firmar que nunca usaría una red social, fue maltratada, golpeada con armas, perdió el conocimiento, y pidió que la mataran.
Del cuartel San José fue trasladada al penal de Pacho Viejo, en Veracruz, donde conoció a Gilberto, “mi cómplice”, quien dijo también haber sido torturado. No podía hablar con nadie.
La visita del senador Castellón –dijo- fue la llave que la sacó del tormento y gracias a la presión social fui liberada, “al defender en mi persona no a Maruchi sino a la libertad de expresión”.
En el foro también participaron José Luis Mateos, del Instituto de Física UNAM; León Felipe Sánchez Ambia, de la Facultad de Derecho UNAM; John Mill Ackerman Rosel del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM; Óscar Mondragón, de Contingente MX; Darío Ramírez, de Artículo 19; Gabriel Regino García, experto en temas de seguridad y criminología.
Además, Antonio Rodríguez Tello, de Nayarit en Línea; Mauricio Meschoulam, especialista en terrorismo, paz y mediación; Daniel Moreno Chávez, de Animal Político; Antonio Martínez Velázquez, de Stop ACTA; Mario Campos, de IMER Radio; Carlos Garza Falla, de la Universidad Iberoamericana; Claudia Calvin, de Mujeres Construyendo y Alberto Serdán, activista por los derechos humanos.
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