El Senado de la República modificó la Ley Federal de Sanidad Animal, con el objetivo de imponer una pena que va desde seis meses a un año de prisión a quien sacrifique u ordene el sacrificio de animales para consumo humano fuera de los establecimientos autorizados por la autoridad competente.
Asimismo, los legisladores acordaron imponer multa de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente a quien viole el nuevo reglamento.
Otro de los propósitos de estas enmiendas es establecer que la Secretaría de Salud inspeccione, verifique y certifique los establecimientos dedicados al sacrifico de animales y procesamiento de bienes de origen animal.
Con ello, la dependencia será la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, así como las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria y establecimientos Tipo Inspección Federal.
En el dictamen avalado por el pleno se menciona que en los procesos de sacrificio desarrollados en los rastros municipales, prevalecen las condiciones contrarias a la calidad e inocuidad.
Además, se indica que en la actualidad existen 934 rastros municipales, en los que anualmente se sacrifican 2.8 millones de cabezas de ganado bovino, 4.4 de ganado porcino, 0.16 de ovino y 0.1 de caprino.
El total de la carne producida en nuestro país es de 29 millones 835 mil 661 toneladas anuales, esto con relación a 2010, se precisa en el documento.
En este sentido, ahora las autoridades de los estados, municipios y del Distrito Federal promoverán que los establecimientos en donde se sacrifican animales o procesan, envasan, empacan, refrigeran o industrializan bienes de origen animal, obtengan la certificación correspondiente.
Lo anterior, una vez que hayan cumplido con lo dispuesto en el reglamento de esta Ley y de acuerdo a lo que establezca la Secretaría de Salud.
Al hablar a favor del dictamen, el senador priista Heladio Ramírez López dijo que no podía ser más oportuna la aprobación de este dictamen “porque estamos en presencia de una discusión a nivel nacional e internacional sobre la salud pública del país”.
Ello, explicó, debido a las condiciones precarias, y a veces, antihigiénicas, así como los atrasos tecnológicos de los rastros municipales.
Recordó el escándalo suscitado internacionalmente por la FIFA cuando reportó que más del 50 por ciento de los futbolistas mexicanos que participaron en el Mundial Sub 17, dieron positivo por clembuterol, “lo que pone en evidencia la desbordada ambición de algunos engordadores y la escasa vigilancia de las autoridades respectivas”.
El consumidor mexicano sobre todo de la carne que se procesa en rastros municipales y en los informales, padece las consecuencias de la incierta calidad de los productos que compran, advirtió.
A su vez, el senador panista Jesús Dueñas Llerenas comentó que es importante garantizar que los productos que se procesan para consumo humano deban de ir “perfectamente certificados” por un técnico capacitado y con experiencia.
Por ello, hizo un llamado a los municipios del país para que “se pongan de acuerdo y busquen la instalación de un rastro TIF que garantice que el producto llegue en condiciones de higiene adecuadas”.
Externó que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio “nos comprometimos como país que a los diez años íbamos a estar comiendo carne de ganado sacrificado en rastros tipo TIF y no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con ese tratado”.
Dueñas Llerenas calificó como precarias las condiciones que se tienen actualmente en los rastros de muchos municipios.
En tanto, el senador perredista Antonio Mejía Haro expresó que muchos de los rastros son “verdaderamente mataderos” que no cuentan con las instalaciones adecuadas y el equipo o personal calificado.
Se sacrifica todavía en el piso, se desolla, se descuartiza en condiciones totalmente insalubres, destacó.
Además --añadió--muchos de estos rastros son una carga para los ayuntamientos “porque se vienen sacrificando una o dos vacas a la semana o se sacrifican dos o tres borregos a la semana y un marrano por lo cual no se justifica y expone la salud pública”.
Consideró que si se tienen los controles necesarios en estos establecimientos se evitarían problemas “como los que hoy se mencionan, como el de clembuterol”.
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