El senador José González Morfín confió en que pronto se concretará la armonización de las leyes Federal del Trabajo y General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En la Cámara de Senadores, afirmó, “estamos obligados a armonizar nuestras leyes con la Convención” y ya se dio un paso muy importante con la aprobación de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos, pues prácticamente recoge la misma redacción de la Ley para Prevenir la Discriminación.
Sin embargo, falta aterrizar las propuestas para mejorar las condiciones laborales y educativas de las personas con discapacidad, expresó el legislador al recibir las recomendaciones de los grupos técnicos del mecanismo de consulta y diálogo para adecuar la legislación laboral y educativa a la Covención.
González Morfín anunció que propondrá a los integrantes de la Mesa Directiva realizar reuniones con las comisiones de Trabajo, Educación, Seguridad Social y Grupos Vulnerables, a fin de agilizar el trabajo legislativo.
Destacó que en el Senado se hará un esfuerzo por “concretar las propuestas de las organizaciones civiles”.
A su vez, el senador Rubén Camarillo Ortega, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, dijo que el diálogo con las organizaciones civiles para armonizar el marco jurídico tiene que convertirse en iniciativas de ley, porque es un objetivo común.
Este mecanismo de consulta con las agrupaciones, subrayó, lo respaldan cinco comisiones del Senado.
En tanto, Enrique Garrido, de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, manifestó que el Congreso debe prohibir cualquier tipo de discriminación en el sistema educativo nacional y reconocer que todos los seres humanos, independientemente de sus condiciones, son libres e iguales y tienen derecho a la protección de sus garantías.
Los legisladores, agregó, tienen que garantizar la promoción, protección y aseguramiento del goce pleno del ejercicio del derecho a la educación y cambiar el enfoque educativo, a fin de respetar la diversidad de los educandos.
Por ello, agregó, las organizaciones participantes realizaron 11 recomendaciones no vinculatorias relativas a la educación, entre las que destacan hacer obligatorio el enfoque inclusivo en todo el sistema educativo y generar las condiciones para que la enseñanza media superior y superior cumpla con lo establecido en la Convención.
Del mismo modo, Claudia Peña, del Centro de Educación Especial Sembradores, relató 10 sugerencias no vinculatorias para transversalizar en la Ley Federal del Trabajo criterios que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad al mercado laboral.
Entre ellas, prohibir la discriminación en el empleo por motivos de discapacidad, asegurar la igualdad de remuneración de este sector conforme al trabajo realizado, condiciones laborales justas y obligar a los patrones a realizar los ajustes necesarios a los centros de trabajo.
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