Número-306
- El senador del PRD propuso obligar a la Sedesol a implementar un programa específico para las entidades federativas con mayores índices de expulsión de migrantes.
- Pide abandonar políticas asistencialistas que sólo son paliativos para situaciones coyunturales.
El senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa para obligar a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar un programa específico para las entidades federativas con mayores índices de expulsión de migrantes.
Se trata, dijo el legislador, de adicionar una fracción al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que se impulsen medidas y acciones destinadas a garantizar el acceso a programas sociales y la igualdad de oportunidades para este sector.
De acuerdo con datos oficiales, refirió, la población migrante creció progresivamente durante la última década, al pasar de 493 mil personas en el año 2000 a 961 mil en 2010, y los estados que presentan la mayor expulsión de personas son Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Jalisco, Zacatecas y el Distrito Federal.
Robles Montoya reiteró que el marco jurídico vigente “está incompleto”, porque sólo prevé la atención de los flujos migratorios de la población indígena, pero este fenómeno afecta a más sectores sociales.
“México --expresó-- está ávido de soluciones integrales a sus diversas problemáticas, tenemos que dejar de lado las políticas públicas que sólo son paliativos producto de situaciones coyunturales”.
Ante este panorama, consideró que la iniciativa “adquiere mayor relevancia, ya que supone la identificación de las entidades federativas de mayor expulsión de migrantes para ser sujetas a programas sociales que coadyuven a la generación de condiciones óptimas para evitar eventuales flujos migratorios”.
En este orden de ideas, enfatizó, la dependencia federal se encargaría de llevar a cabo las acciones de coordinación interinstitucional necesaria para identificar plenamente a estas entidades y en consecuencia a los grupos de población que están emigrando, para determinar la pertinencia del programa en cada estado.
La propuesta se turnó a las comisiones unidades de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
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