Número-277
- Para la senadora Angélica de la Peña es necesario unificar el marco jurídico, a fin de consolidar los protocolos de búsqueda, localización y alerta.
- Necesario legislar con sentido humanitario y de urgencia por la “ánimas que deambulan con un semblante de zozobra, angustia y congoja”: Alan García.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales solicitaron ante senadores de las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos que en la próxima ley general en materia de desaparición forzada y desaparición perpetrada por particulares, se incluya la creación de un órgano autónomo de investigación y búsqueda, un registro nacional y que este delito no prescriba.
Durante las audiencias públicas y mesas de trabajo rumbo a la dictaminación de las iniciativas en materia de desaparición de personas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, advirtió que es necesario unificar el marco jurídico en este tema, a fin de consolidar los protocolos de búsqueda, localización y alerta.
Dijo que es indispensable enfocar los trabajaos legislativos hacía la desaparición de personas que es perpetrada por agentes del Estado o entre particulares, así como atender los tratados internacionales que México ha aprobado en la materia, que permitan construir un solo instrumento jurídico que se aplique en todo el país.
Estas audiencias impulsarán los insumos necesarios para que nuestro trabajo legislativo este bien hecho, lo emprendamos debidamente y podamos atender los reclamos que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, puntualizó.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, señaló que el Estado mexicano deberá adoptar medidas legislativas para asegurar que a la brevedad la desaparición forzada se tipifique, tanto a nivel federal como a nivel estatal, como delito autónomo, que prevea su gravedad y se disponga un plazo prolongado para la prescripción del delito.
Dijo que, para ello, el Senado está a la espera de contar con la propuesta en materia de búsqueda de personas no localizadas y desaparición forzada, que fue anunciada por el presidente de la República. Destacó que el mandatario ha manifestado su interés por lograr una legislación que incorpore las mejores prácticas internacionales, para que el Estado logre mayor eficiencia en la lucha por abatir este delito y contribuya, en forma efectiva, a la localización de personas desaparecidas.
Con estos trabajos construiremos una ley general que regule de manera integral los aspectos de desaparición forzada en elementos de prevención, de investigación, de juzgamiento y de sanción, así como en la búsqueda de las personas desaparecidas, precisó.
El presidente de la Comisión de Justicia, senador Fernando Yunes Márquez, señaló que la ley general será un instrumento jurídico que ayudará a homologar el delito de desaparición forzada en los tres niveles de gobierno y en las entidades federativas, pues es un ilícito que sólo se castiga en 22 de los 32 estados del país.
Recordó que serán contempladas las propuestas presentadas en el Senado, las cuales consideran tipificar conductas de auxilio, complicidad o apoyo para la comisión de este delito. Además de la iniciativa que será enviada por el titular del Ejecutivo federal.
Señaló que la lucha de los familiares debe pasar de la búsqueda en redes sociales o en avisos en los postes de toda la ciudad, a una lucha en conjunto de amigos, familiares y vecinos con la autoridad con un marco jurídico eficiente y eficaz que esté orientado a dar resultados concretos.
De la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, señaló que la Ley representa una oportunidad histórica para que el Estado armonice su ley con los compromisos internacionales, remonte la situación crítica por la que atraviesa y adopte las trasformaciones estructurales para atender la desaparición de personas.
Propuso adoptar un concepto amplio, generoso e incluyente, que integre las múltiples caracterizaciones de este fenómeno. Añadió que es indispensable que la ley general prevea la desaparición forzada como un delito autónomo, e incluya la desaparición de personas por particulares, desaparición y apropiación de niños, y delitos vinculados con la negligencia.
Además, debe contar con un régimen amplio de responsabilidades, un régimen de sanción que atienda la extrema gravedad de la conducta, que considere el delito imprescriptible, que establezca un procedimiento único de búsqueda, un mecanismo trasnacional de búsqueda, así como un registro nacional de personas desaparecidas.
La ley debe brindar protección a las personas que intervienen en las investigaciones, potenciar servicios forenses, ser una herramienta jurídica para apoyar a las familias de las personas desaparecidas y un mecanismo para la reparación del daño. Asimismo, debe reconocer y recuperar las exigencias y demandas de los familiares de las víctimas, debe tener una visión de derechos, humanitaria y no punitiva, explicó.
Reiteró el compromiso de la Oficina del Alto Comisionado para continuar con el acompañamiento a las víctimas, familiares y a las organizaciones de la sociedad civil, y para proveer toda la asistencia técnica y cooperación para el trabajo legislativo.
En representación de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón dijo que el órgano encargado de la búsqueda de personas debe ser independiente de los vaivenes políticos, plenamente autónomo, contar con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para llevar a cabo su función y, finalmente, que tenga vigilancia de la sociedad civil y de los familiares de las personas desaparecidas.
Expresó que es “desafortunado” que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tenga un vínculo claro con el Poder Ejecutivo, “eso nos muestra que los órganos que no tienen autonomía no sirven para realizar sus labores”.
Dijo que la legislación en materia de desaparición forzada requiere de mecanismos que vayan más allá de la dimensión criminal o punitiva, que pueda abordar todos los aspectos de la vida cotidiana de los familiares de personas que se ven afectadas por este fenómeno.
A nombre del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Michael Chamberlain dijo que la sociedad se enfrenta a un fenómeno de violencia generalizada y de crisis de derechos humanos en el país, por lo que se requiere de mecanismos de observación independientes de las acciones que realiza la autoridad, tanto en la búsqueda como en la investigación, así como transparencia para las familias y una participación activa de la sociedad civil.
Por parte del Centro de Derechos de las Mujeres, Alejandra Nuño consideró que es necesario tomar en consideración los diferentes contextos en la creación de una legislación y política integral, que le dé legitimidad y aplicación práctica para combatir este “dramático” fenómeno que no puede seguir sucediendo, pero que debe ser investigado, sancionado y reparado de manera integral.
Mario Vergara Hernández, de “Los otros desaparecidos”, reprochó a los legisladores el robusto sistema e instituciones de apoyo y búsqueda de personas desaparecidas y sus familiares, pues las leyes e instituciones como la SEIDO “no funcionan”. “Para que queremos otra ley”, dijo.
Solicitó que se elimine el candado que permita tener fácil acceso a la reparación del daño, dado que para éste la ley especifica que el apoyo se dará cuando los familiares encuentren a la persona desaparecida y con los responsables del delito, éste último hace inaccesible la reparación.
En representación de Desaparecidos Justicia Querétaro, Yadira González Hernández y Martín Villalobos, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, plantearon la necesidad de contar con un registro único a nivel nacional, donde exista una base de datos bien estructurada de personas desaparecidas, “queremos una ley que funcione y sea práctica, porque la búsqueda de una persona no puede estar detrás de un escritorio”.
Grace Fernández Moran, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, expresó que la ley debe ser integral y a partir de su publicación en necesario generar un proceso de información, capacitación y sensibilización de todos los funcionarios responsables de aplicarla, porque debe garantizar las condiciones para la búsqueda inmediata de las personas desparecidas, la investigación científica, transparente y expedita.
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